Se echó de sus puestos de trabajo a 5.043 personas, hubo 467 pérdidas de pensión de jubilación y 532 destituciones de personas que ocupaban cargos en una comisión pública.
Los datos se refieren a la estructura del Gobierno del Estado federal y no incluyen a empresas públicas o semipúblicas como Caixa Económica Federal, Correos y Petrobras.
El principal motivo para la expulsión fueron las prácticas corruptas, que acabaron con el trabajo de 4.013 funcionarios, el 65,4 por ciento del total.
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El siguiente motivo es la falta de asistencia al trabajo o la acumulación ilícita de cargos, con 1.395 irregularidades, seguida de la participación de funcionarios en la gerencia o administración de sociedades privadas.
