"El día de mañana, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua va a decidir la suerte de 52 acusados, a siete de los cuales se les está pidiendo cadena perpetua, cinco de ellos son líderes indígenas", dijo el abogado defensor Juan José Quispe en Ideeleradio.
"La acusación dice que los líderes de la protesta social instigaron horas antes a más de 2.000 manifestantes indígenas; esto va contra norma procesal, contra todo concepto de lo que es instigación", pues "en primer lugar, la fiscalía no mostró el medio, la forma y circunstancia de cómo estos líderes habrían instigado", dijo Quispe.
Según el jurista, de acuerdo a la doctrina nacional e internacional, la figura de instigación es de persona a persona y no de masas.
Además, la Fiscalía ha imputado a distintos acusados de homicidio calificado, disturbios, arrebato de armamento, motín y daños a la propiedad privada, con penas que van desde seis años de cárcel hasta cadena perpetua.
Por otra parte, de acuerdo a Quispe, las pericias técnicas realizadas a los acusados de autoría directa de las muertes resultaron negativas en cuanto a que hubieran efectuado disparos y tampoco se les incautaron las armas ni se los detuvo en flagrancia.
En la masacre del 5 de junio de 2009 entre policías y nativos murieron 34 personas, 24 policías y 10 civiles, y unas 200 resultaron heridas.
Pero la justicia solamente ha avanzado en los incidentes ocurridos en la llamada curva del Diablo, un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el estado de Amazonas, ocupado desde hacía semanas por indígenas que reclamaban la derogación de una serie de decretos del Gobierno de Alan García (2006-2011), que consideraban violatorios de sus derechos legales.
Aunque hubo 12 policías imputados por los hechos, la Fiscalía no les formuló cargos, y el tribunal no accedió a reiterados pedidos de la defensa de interrogar a García y a varios miembros de su gabinete.
En las primeras horas del 5 de junio, unos 600 policías iniciaron el desalojo por la fuerza en la carretera, durante el cual murieron varios indígenas.
Los awajún, que también ocupaban una cercana estación de bombeo de petróleo, reaccionaron con violencia, tomando represalias contra un grupo de policías que controlaban el lugar.
Luego de los incidentes, Pizango se exilió en Nicaragua, de donde regresó en mayo de 2010.
Los cuestionados decretos de García fueron derogados.
