Ese botón de muestra es parte de una operación fiscal de "borrón y cuenta nueva", emprendida en el primer año del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en 2013, cuando ese grupo se benefició de más de la mitad (50,2%), del monto total perdonado por el fisco.
La otra mitad de esa "limpieza" de los expedientes deudores, por un monto similar, se repartió a 41.363 beneficiarios, poco menos de la mitad de saldos perdonados del programa, dijo Benumea, investigador de Estrategias Jurídicas del organismo vigilancia ciudadana de asuntos públicos.
Abrir las cuentas de ese mecanismo del "capitalismo de amigos" a la mexicana no ha sido fácil: la investigación es solo la punta del iceberg, porque la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT, federal) todavía se niega a cumplir plenamente con las leyes de transparencia. El acceso a los expedientes es aún incompleto.
Oculto entre esos balances están los registros de una élite de personas y empresas que gozan de los acuerdos que otorgan los privilegios fiscales, que representan "beneficios inexplicables para unos cuantos".
Elites amistosas
Los niveles de concentración de estos beneficios en un pequeño grupo de personas y empresas es escandaloso: el programa de esos beneficios se dirige a más de 400.000 contribuyentes, un rango que a primera vista parece razonable.
Pero la sorpresa es que apenas el 1,5% del total de favorecidos, un puñado de 587 empresas privilegiadas, acumulan el 23 del monto total cancelado, sin cobrar: 2.200 millones de dólares (unos 44.000 millones de pesos), es decir impuestos en los cuales la autoridad fiscal tiró la toalla y dejó de pelear los pagos al Gobierno.
Vale mencionar algunas de esas empresas: Constructora GEO, Volkswagen de México, Industrias CH, integran un grupito de 10 empresas que recibieron el perdón de 3.616 millones de pesos en deudas fiscales en el último año: 180 millones de dólares actuales.
A diferencia de las cancelaciones por imposibilidad de cobro, la figura de la condonación, es decir de los perdones de créditos fiscales otorgados con base en algún recurso de la ley, permitieron en ese mismo lapso, de julio de 2015 a julio de 2016, la condonación de 4.400 millones de pesos a 1.383 empresas: 220 millones de dólares.
Ante ese descubrimiento, Fundar considera fundamental que la autoridad tributaria "explique y justifique su política de cancelación y condonación de créditos fiscales".
¿Secreto fiscal?
La puerta se abrió en 2013 gracias a una reforma constitucional que hizo posible conocer a los contribuyentes beneficiarios por perdones y cancelaciones del fisco.
En 2015, organismos de la sociedad civil impulsaron la nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para obligar a publicar el nombre, monto y registros fiscales de los contribuyentes privilegiados por el fisco.
Los expertos independientes de Fundar lograron una orden emitida por el Instituto Nacional Acceso a la Información (INAI), nuevo órgano federal de transparencia, para que la autoridad abriera los expedientes.
No es la primera vez que el organismo baja las cortinas y cierra la puerta: en 32 ocasiones la autoridad fiscal ha incumplido resoluciones "definitivas" e "inatacables" para abrir la caja fuerte de sus secretos.
Los descubrimientos
Benumea, un joven abogado que ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y donde también fue editor de la revista jurídica Mexican Law Reviewel saca tres conclusiones centrales de la aventura detectivesca.
En primer lugar, dice, los expertos quieren conocer la información crucial que se mantiene en reserva por una sencilla razón de transparencia: "Saber si hubo personas que recibieron doble beneficio o se les perdonaron dos veces los impuestos, que solo se aplican en casos extraordinarios, y de esta manera conocer casos injustificados".
El segundo eje de descubrimientos indica que pocas personas reciben estos beneficios multimillonarios del organismo fiscal, por montos muy altos. "Por esa razón —explica— es muy importante que el SAT explique qué acciones se llevaron a cabo para recuperar deudas y créditos fiscales durante esos años y los procedimientos legales aplicados para perdonar deudas".
Finalmente, la tercera gran conclusión es que el país latinoamericano "necesita una revisión legislativa y jurídica para evitar que se repitan los beneficios focalizados descubiertos en 2013, cuando pocas empresa se volvieron a beneficiar de un programa similar aplicado en 2007, en el arranque del Gobierno anterior de Felipe Calderón (2006-2012)". Doble y jugoso privilegio.
No hay suficientes explicaciones ni justificaciones claras: "Existe un abuso por parte de ciertos contribuyentes en el uso de estos mecanismos, para no cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Qué hace la autoridad?", interrogó.
Un grupo de 15 contribuyentes, a quienes la autoridad tributaria no pudo cobrarles créditos fiscales dos veces en siete años, dejaron de pagar más de 46.000 millones de pesos: es decir 2.300 millones de dólares.
