La ley de Paraguay que salvó una parte de la selva y puso en peligro la otra

Los bosques de Paraguay tienen dos caras. Del lado oriental, protegido por la Ley de Deforestación Cero, cada año se reducen las hectáreas taladas. Del otro, el occidental, sucede todo lo contrario. Esto se debe a una cuestión jurídica.

"En 1973, hace más de 40 años, en Paraguay se promulgó la Ley Nº 422, denominada Ley Forestal. Esta norma continúa vigente en la región occidental del Chaco. Allí se dictamina que se deben dejar en pie bosques protectores, es decir los que protegen los cursos de agua y evitan la erosión, y bosques de reserva. Pero ese es su límite", dijo a Sputnik Oscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas del Fondo Mundial para la Naturaleza en Paraguay (WWF, por sus siglas en inglés), la mayor organización conservacionista independiente del mundo.

En 2004, se estableció la Ley Nº 2.524. A esta se la denominó Ley de prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura Boscosa. "Esta norma prohíbe a la autoridad forestal nacional, que es el Instituto Forestal Nacional, emitir planes de usos de la tierra previstos en la ley anterior para la región oriental del país. Pero rige solo para una parte del territorio nacional, la oriental", explicó Rodas.

Los efectos positivos en una parte del bosque no tardaron en llegar. Según datos oficiales, en el Bosque Húmedo de la Región Oriental, para el período 2000-2005, con solo un año de medición tras la implementación de la ley de Deforestación Cero, la superficie talada era de 354.125 hectáreas, a un ritmo de 70.825 hectáreas promedio al año. Mientras que para el período 2005-2011, la superficie talada se redujo a 259.896 hectáreas, a un ritmo promedio anual de 43.316.

Sin embargo, el problema no se terminó, sino que se trasladó. En comparación, el resto de las áreas que no fueron afectadas por la ley, o sea el 60% restante del territorio, pasó de una deforestación de 924.511 hectáreas entre el 2000 y el 2005, a más del doble para el siguiente período de medición, con 2.233.287 hectáreas, a un ritmo de 184.901 y 372.213 hectáreas por año respectivamente.

La regulación de un área afecta la desregulación de la otra. "La Ley 2.524 tiene efectos indirectos sobre la región occidental. Al no estar permitida la transformación de bosques en esa parte del país, que supone un 40% del territorio, en la región vecina, donde sí está permitido, existe una de las tasas de pérdida de bosque nativo más altas del mundo", explicó Rodas, quien aseguró que esta situación es preocupante no solo por los daños al ecosistema global sino porque además afecta a los pueblos de la zona.