"El 30 de agosto no nos pagaron, y no recibimos ninguna notificación oficial, simplemente no depositaron el dinero para cancelarle a los parlamentarios, tal como lo había adelantado el presidente Nicolás Maduro", dijo a esta agencia el opositor segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), Simón Calzadilla.
Por otro lado, el parlamentario de la coalición de partidos oficialistas, Gran Polo Patriótico (GPP), Julio Chávez, también aseguró a Sputnik: "efectivamente no nos han pagado".
Se trata de una situación sin precedentes en el país suramericano.
El próximo 20 de septiembre, cuando culmina el receso parlamentario, los diputados deberán asistir a la capital venezolana para participar en la sesión ordinaria y no tendrán el dinero que corresponde para cubrir sus gastos de traslado y hospedaje.
Sin embargo, Chávez, a diferencia de Calzadilla, sostiene que se trata de una medida legal, "tomada ante la decisión de la Junta Directiva del Parlamento de desacatar las decisiones del TSJ".
El pasado 28 de julio, la mayoría opositora de la Asamblea incorporó a su seno a tres diputados del estado Amazonas (sur), cuya elección fue impugnada en enero por el TSJ, por presunta compra de votos.
En esta situación, el presidente Maduro solicitó al Tesoro Nacional suspender el salario de los diputados y ante esa petición, el pasado 15 de agosto se transfirió únicamente el pago de trabajadores y obreros de la Asamblea, algo que a juicio de Calzadilla es ilegal.
"Cómo no van a transferir el dinero, si se trata de un presupuesto aprobado, el presupuesto de la Asamblea Nacional, al igual que el de la nación, es ley, y los doceabos de transferencias respectivas deben hacerse obligatoriamente", cuestionó el parlamentario opositor.
En otro orden, la única solución que el diputado oficialista ve a esta crisis, que genera la suspensión de sus salarios, es que la Junta Directiva del Parlamento "permita" que la situación se normalice y vuelva "al carril" constitucional, acatando la decisión del máximo tribunal del país.
Chávez sostuvo que todos los diputados del GPP esperan la orientación y directriz que emane de la dirección nacional del partido, con relación a este tema.
En ese sentido, aseguró: "para nosotros no es prioridad si cobramos o no, sino neutralizar la activación de la tercera fase de la 'Operación Libertad Venezuela', que consistía en ganar la Asamblea y luego intentar derrocar al presidente en seis meses, pero como no lo lograron, ahora intentarán, hasta las elecciones de Estados Unidos, generar conmoción en el país".
Por su parte, Calzadilla afirmó que el Parlamento debatirá, el próximo 20 de septiembre, qué hará para seguir en funciones sin salarios.
Además, indicó que la situación afecta los derechos "incluso" de sus familias e hijos menores de edad, mientras Chávez considera que la decisión de la directiva afecta la democracia de Venezuela.
