"Los allanamientos fueron autorizados por la jueza Claudia Amanda Álvaro, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n°16", explicaron las fuentes.
También hubo allanamientos en las viviendas de dos ejecutivos que estuvieron a cargo de la empresa hasta junio de 2015, y en las de los dos gerentes actuales.
Los empresarios están imputados por violar la clausura impuesta por la jueza Álvaro, quien ordenó el 22 de abril la clausura y bloqueo preventivo de la aplicación en todas sus plataformas.
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El resto de los allanamientos fueron en los domicilios de socios conductores de Uber, a los que se investiga por haber realizado actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, pero también por ejercer ilegítimamente una actividad, pues según la justicia, excedieron los límites de su registro de conducir.
En los distintos edificios se incautó documentación que vincula a los más de 20 imputados con la aplicación de transportes.
Además se incautaron aparatos de telefonía inteligente, ordenadores y otros dispositivos utilizados por la empresa.
El caso comenzó de oficio por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo de los fiscales Martín Lapadú y Néstor Maragliano, por infringir el artículo 83 del Código Contravencional, que prohíbe la utilización del espacio público con fines lucrativos.
El Código Contravencional prevé multas o más de 10 días de arresto para estos casos.
La fiscalía dirige desde mediados de abril la investigación contra Uber por operar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin los correspondientes permisos.
Los fiscales solicitaron desde entonces una serie de medidas que fueron autorizadas por la jueza, como la clausura de las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar los servicios de la compañía.
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Además ordenaron a las compañías de las tarjetas de crédito que no realizaran transacciones con la empresa, y pidieron al Ente Nacional de Comunicaciones el bloqueo preventivo de la aplicación.
