"Lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales", señaló Gils Carbó en su dictamen.
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El informe de la procuradora (jefa de los fiscales) es necesario para que la Corte Suprema se pronuncie en las próximas horas sobre las medidas cautelares que intentaron frenar los aumentos durante tres meses en la provincia de Buenos Aires.
La recomendación, no vinculante, es que la Corte atienda el carácter provisorio de las medidas cautelares, cuyo plazo se extiende sólo por tres meses desde que fuera otorgado en julio.
"En materia tarifaria, la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida", señaló Gils Carbó.
En consecuencia "corresponde mantener los efectos colectivos otorgados a la medida cautelar", más cuando "no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica", sostuvo la procuradora.
Posteriormente, aceptó un planteo que pedía suspender los aumentos en la luz durante tres meses en la provincia.
En el caso del gas, la Corte Suprema dictaminó en agosto que los incrementos no estaban justificados porque el Gobierno no había celebrado audiencias públicas para fijar el precio.
El Ejecutivo ya fijó la primera cita para el 16 de este mes.
