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Asesinato de viceministro marca ruptura de mineros con Gobierno de Bolivia

© REUTERS / David MercadoPolicías bolivarianas durante protestas de mineros
Policías bolivarianas durante protestas de mineros - Sputnik Mundo
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LA PAZ (Sputnik) — El asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, marca la ruptura entre el poderoso grupo de los mineros independientes de Bolivia y el Gobierno del presidente Evo Morales, que siempre favoreció a este sector.

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Hallan tirado en la carretera el cadáver del viceministro boliviano Rodolfo Illanes (vídeo)
Compuesto por unas 500.000 personas, el llamado "cooperativismo" de Bolivia es en realidad un conjunto de familias y extrabajadores de la minería estatal que se han asociado para desarrollar por su cuenta y riesgo la explotación del suelo.

Organizados políticamente, tienen una decena de escaños parlamentarios gracias a su alianza con Morales, además de diversos puestos de responsabilidad en el ejecutivo.

En estos últimos diez años, los cooperativistas lograron "una serie de dádivas y beneficios otorgados por el propio Gobierno, pero a raíz de la caída de los precios de los minerales a nivel mundial han empezado a ver que no ha dado ningún salto cualitativo a futuro, porque su sistema de explotación sigue siendo arcaico, similar al del siglo XVIII", señala el politólogo Franklin Pareja, entrevistado por Sputnik Nóvosti.

De acuerdo con datos oficiales, en el país existen unas 1.700 cooperativas mineras de las cuales 1.000 están dedicadas a la explotación del oro, uno de los negocios más lucrativos del país.

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Gobierno boliviano interviene oficinas de cooperativistas mineros
Pero debido a un ventajoso régimen laboral y de exenciones fiscales, esa explotación no beneficia al Estado ni a los bolivianos, una situación que el Gobierno ha tratado de cambiar mediante la creación de una nueva ley minera que ha sido el punto de arranque de la crisis actual.

Los cooperativistas han presentado un pliego de reivindicaciones, que incluyen puntos litigiosos relacionados con la ley, que tienden a mantener las ayudas en forma de crédito que reciben, así como las subvenciones al consumo eléctrico.

También se oponen a que el Estado regule el sector a la hora de repartir las concesiones o de definir medidas medioambientales.

Para el analista Pareja, actualmente el sector tiene bajos niveles de eficiencia y por eso su única solución es acudir al Estado "para tratar de sacar más dádivas, menos cánones de regalías, mayores ventajas en tarifas eléctricas y mayores concesiones, sin haber realizado exploración de nuevos yacimientos".

Así, los que fueron etiquetados por el propio presidente Morales como "el ejército de guardatojos (cascos de mineros) que defiende el proceso de cambio", se han convertido en las últimas semanas en el peor enemigo del Gobierno, en un elemento conspirativo que se ha desbordado por completo.

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