El sábado ocurrieron dos asesinatos que resumen la dimensión de la crisis de seguridad pública: un alcalde de la izquierda en Guerrero (sur), Abrosio Soto, ya amenazado por la mafias, fue acribillado con más de 200 disparos, cuando viajaba escoltado por agentes federales; y en un conflicto político local, una turba asesinó a balazos a Domingo López, edil de San Juan Chamula, Chiapas, en la plaza principal.
El poder municipal surgido de la Revolución Mexicana de los caudillos armados de 1910, con un culto al "municipio libre" establecido en la Constitución de 1917, lo forman 2.414 municipios para el ejercicio de una "soberanía y control local" en 32 estados federales: son la base de la diversa y extensa República de los Estados Unidos Mexicanos.
La quinta parte de esos poderes locales está en comunidades rurales de Oaxaca, con 570; y de esos, 420 son regidos por los peculiares "usos y costumbres indígenas", que no implican un proceso de elección, sino un acuerdo plebiscitario de la comunidad para elegir y destituir al alcalde.
"Son cargos honoríficos que no reciben salario, es un 'tequio' o regalo de trabajo voluntario a la comunidad, como un honor", explica el investigador y académico de la jesuita Universidad Iberoamericana.
Del total de municipios, menos de la mitad, unos 1.000, tienen realmente una fuerza policial precaria, de unos 20 efectivos armados en promedio: "el resto no es una fuerza profesional, sino una especie de vigilancia de querellas domésticas, pequeños robos en propiedad o control de borrachos", dice el autor de "La guerra fallida del narco", escrito con el excanciller de izquierda moderada independiente, Jorge G. Castañeda.
Pero centenares de municipios del país latinoamericano son muy débiles para enfrentar por su propia cuenta al poder del narcotráfico y otras mafias: no existe policías provinciales únicas y poderosas que enfrenten a la delincuencia.
México no cuenta como otros países —como Chile, Colombia, España o Canadá— con una estructura necesaria de mandos únicos nacionales y grupos especiales estatales contra el crimen, en cambio existe una fragmentación con miles de corporaciones desconcentradas.
Un problema histórico
Los temores van desde el miedo a que las policías centralizadas en 32 estados los perjudiquen, o les quiten recursos, hasta el miedo a ser vigilados y controlados en su ejercicio local, una resistencia al cambio que se extiende a algunos de los gobernadores provinciales.
Pero la realidad muestra que "mientras no se avance y aplica el mando único como una ley federal, los alcaldes estarán en desventaja notable contra el poder acumulado por el crimen organizado", dice el coautor de la investigación "Los saldos del narco".
La delincuencia, que tiene su poder central en el narcotráfico, ha diversificado su ejercicio del crimen: es una variada forma de delitos que abarcan el tráfico y trata de personas, la extorsión, el secuestro, incluso hasta el ejercicio de la obra pública en los municipios remotos de Guerrero, Michoacán, o Tamaulipas, por ejemplo.
"A veces la delincuencia no necesita poner al alcalde electo y solo piden poner al jefe de la policía", como han estilado en Michoacán los llamados Caballeros Templarios.
"Por desgracia, muchos de esos municipios hoy están en relación con el crimen, unos alcaldes se han implicado, han sido violentados porque se resistieron y no aceptaron corromperse: los alcaldes en México son el espacio de debilidad de poder que ha ocupado el crimen en el nivel local", resume Aguilar.
El mando único policial, implica destinar equipo profesional, prestaciones, seguros, y salarios dignos de hasta 20.000 pesos (unos 1.000 dólares mensuales), frente los actuales salarios miserables que llegan a rondar el salario mínimo.
"No es la panacea, y se pueden cometer crímenes como ha ocurrido en Brasil y Colombia, pero es una urgencia para sacar al Ejercito y las Fuerzas Armadas mexicanas de las tareas de seguridad pública, acusadas de violar los DDHH, y hacerlos volver a sus cuarteles", advierte el académico.
En los escasos estados donde se ha comenzado a aplicar el mando único, como Nuevo León y Coahuila en el norte, hay resultados notables: en ese último estado del norte fronterizo con EEUU ha ocurrido la mayor reducción de los homicidios: de un pico de 340 a 8 mensuales en cuatro años.
El comandante general del Ejército, general Salvador Cienfuegos, ya ha expresado en las muy escasas entrevistas que ha concedido que quiere regresar a sus hombres a los cuarteles: "pero ese proceso, si se inicia en el final del mandato de Enrique Peña, que culmina en 2018, podría demorara entre cinco y seis años más", puntualiza el autor.
