"Mi balance, pensando en el ciudadano y en las instituciones democráticas, es negativo, porque pese a haber trabajado mucho en diversos proyectos de ley, (la Asamblea) no ha podido lograr que ninguno de esos proyectos se pongan en vigencia", dijo el analista político y constitucionalista José Vicente Haro.
Los diputados no han podido cumplir el objetivo más importante que era "emitir leyes que contribuyeran a mejorar la crisis política y constitucional que vive Venezuela", sostuvo Haro.
Por su parte, el politólogo y profesor universitario Miguel Jaimes considera que "la Asamblea ha estado de espaldas al pueblo, ha sido incompetente e irreal".
Sin embargo, aseguró Jaimes, este día es muy importante para la sociedad y la democracia venezolanas, "porque no se llegó a lo que el actual presidente del Legislativo (Henry Ramos Allup) había vendido, que era provocar la salida del actual presidente Nicolás Maduro".
Jaimes considera que este órgano ha dejado a un lado su función legislativa para priorizar planes políticos que tendrían como finalidad promover una injerencia internacional en Venezuela, en referencia a los pedidos de parlamentarios a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que intervenga en la crisis política.
Para el abogado constitucionalista Hermann Escarrá la gestión de la Asamblea ha sido "farragosa e inútil, porque no ha cumplido las funciones que le prometieron al pueblo de Venezuela".
Rivalidades
Este primer semestre del Poder Legislativo con mayoría opositora tiene la marca de las continuas pugnas con el Ejecutivo y el Judicial.
Las leyes emanadas por la Asamblea Nacional van y vienen, sin ser aprobadas por el presidente Nicolás Maduro ni por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha considerado inconstitucionales la mayoría de los textos legislativos aprobados por la bancada opositora.
Hasta el momento solo uno fue aprobado y se trata de la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, pero su aplicación quedó sujeta a la viabilidad presupuestaria del Gobierno, que ha anunciado que el país enfrenta una emergencia económica debido a la caída de los precios del petróleo.
Para el economista Jesús Casique la activación de esta ley está detenida por motivos políticos y no económicos.
Casique explicó a Sputnik Nóvosti que la mayoría parlamentaria presentó un plan de viabilidad que se basa en buscar mecanismos de financiamiento que no impliquen una reducción del gasto público.
Entre estas propuestas se incluye un recorte de los 30.000 barriles de petróleo que son suministrados a países de la región en el marco de la iniciativa regional Petrocaribe, para venderlos en el mercado petrolero a 37 dólares.
El economista advirtió que existe una gran incertidumbre en el exterior sobre la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela sancionada en marzo por el Parlamento y declarada inconstitucional ese mismo mes por el Tribunal Supremo.
"En el mercado internacional preguntan cuál es la normativa que está vigente, la que aprobó la Asamblea Nacional, es decir la de 2016, o la anterior, la de 2015, que facultaba el financiamiento de Petróleos de Venezuela (PDVSA)" y que "pasó por encima del artículo 320 de la Constitución y otorgó 94.671 millones de dólares a PDVSA, lo que equivale a ocho veces las reservas internacionales", señaló Casique.
Entonces, agregó, a los extranjeros "hay que aclararles que el Tribunal Supremo de Justicia no aprobó la decisión de la Asamblea Nacional", señaló.
El presidente Maduro aseguró el miércoles pasado que en seis meses los diputados de oposición "no han hecho nada por el pueblo".
"La Asamblea Nacional cayó en un hueco, y está cada vez más abajo en el fondo y su presidente, Ramos Allup, ha llevado a lo más bajo que se conocía en muchas décadas el ejercicio parlamentario y ha llenado de estiércol y polvo sucio el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional", dijo el mandatario.
Para los analistas el futuro de la Asamblea no es claro, algunos dicen que un diálogo equilibrado será el camino adecuado para avanzar, mientras otros señalan que sus autoridades ya perdieron legitimidad al extralimitarse en sus funciones y apostar por la injerencia internacional.
