"Estuvimos más de siete horas dialogando y manifestando de parte del Gobierno de la República, la voluntad de seguir trabajando en la construcción de acuerdos que nos permitan resolver este problema" —tras las protestas que el domingo 19 de junio dejaron una decena de civiles muertos y un centenar de heridos—, dijo el funcionario en una declaración difundida a las 04.30 de la madrugada (10.30 GMT).
El responsable de la política interna enfatizó que la reforma "es un mandato constitucional, es una reforma hecha por el Constituyente, y está en este momento en su proceso de implementación en todo el país".
En la segunda reunión de la mesa diálogo, las partes buscaron alternativas "en la corresponsabilidad (…) que nos permitan distender y resolver la problemática".
Sin embargo, "no fue posible en esta mesa, no fue posible en esta oportunidad; lo que acordamos es hacia adelante trabajar para generar las condiciones que nos permitan resolver esta problemática", puntualizó Osorio, quien encabeza el gabinete de seguridad nacional.
Intranquilidad
Para el gobierno, los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que desde hace más de tres décadas disiente del oficialista sindicato nacional de educadores (SNTE), con 1,5 millones de afiliados, son responsables "de la imposibilidad de tránsito, de la imposibilidad de que llegue el suministro de insumos a muchos municipios y particularmente a los estados de Chiapas y Oaxaca".
En esos dos estados del sur del país, enclaves de los maestros rebeldes en extensas zonas habitadas por comunidades indígenas y antiguas ciudades coloniales "miles de niñas y niños estén corriendo el riesgo de no terminar su ciclo escolar", advirtió el funcionario gubernamental.
Los maestros disidentes se oponen a la reforma porque la consideran una "reforma laboral, no educativa" que anula derechos sindicales adquiridos, estandariza la educación en zonas olvidadas, sobre todo en comunidades indígenas, y exigen que se llegue a fondo en las investigaciones por la tragedia del pueblo de Nochixtlán, estado de Oaxaca, y sean sancionados los altos responsables federales.
Exigen además, la liberación de los presos políticos; el cese de la represión contra la CNTE; la presentación con vida de 43 estudiantes de magisterio rural de la escuela de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, y la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, considerado el delfín del mandatario mexicano hacia las elecciones presidenciales de 2018.
Para "generar una ruta que nos permita hacer un planteamiento integral", el gobierno se comprometió a asistir el miércoles a Nochixtlán, el punto en el cual ocurrió la tragedia de la cual los maestros responsabilizan al mando de la Policía Federal.
El compromiso consiste en la investigación de los hechos en los que participaron cientos de agentes policiales de Oaxaca y federales, "reparación del daño para los familiares de quienes perdieron la vida, y resultaron heridos", añadió.
El gobierno insiste en que "no vimos un planteamiento que no fuera la abrogación de la reforma educativa de parte de ellos (…), mientras las condiciones siguen, como todos sabemos, particularmente en Oaxaca y en Chiapas", dijo, refiriéndose a decenas de bloqueos de carreteras estratégicas del sur del país.
La postura gubernamental había sido adelantada el lunes por el presidente Peña, quien "lamenta profundamente estos hechos en los que hubo pérdida de vidas humanas" en Oaxaca, pero no está dispuesto a negociar la ley; "no sólo la legislación educativa, ninguna otra (ley) está sujeta a negociación".
