La trama se beneficiaba de la Ley Rouanet, que permite a los agentes culturales captar dinero de empresas privadas, de manera que a cambio estas reciben incentivos fiscales y otros beneficios.
Así, por ejemplo, se consiguieron financiar proyectos de teatro itinerante para niños pobres o donaciones de libros a bibliotecas que nunca se materializaron.
Ese dinero, en cambio se habría usado para contratar conciertos de grandes artistas en fiestas privadas de los investigados en la trama.
La operación se está desarrollando en Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo y en ella participan 124 agentes que tienen 37 órdenes de registro de documentos y 14 detenciones temporales, aunque entre los investigados por el momento no hay ningún artista, según la policía.
Una de las críticas recurrentes es que los artistas estarían siendo complacientes con el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) gracias a los beneficios que obtienen de la Ley Rouanet.
Sin embargo, esta ley es anterior al PT –data de 1991– y no implica la concesión de ayudas directas por parte del Estado.
Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno de Michel Temer fue suprimir el Ministerio de Cultura, aunque más tarde dio marcha atrás debido a la presión de intelectuales y artistas y a la movilización en las calles.