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La CIDH condena la violencia en Oaxaca y llama al diálogo en México

© REUTERS / Jorge Luis PlataConsecuencias de disturbios en Oaxaca
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este miércoles la violencia en los disturbios del domingo pasado en Oaxaca, al sur de México, saldados con diez muertos y un centenar de heridos, y ha exhortado al diálogo del Gobierno con los inconformes.

La Comisión Interamericana "condena enérgicamente los graves hechos de violencia registrados en el estado de Oaxaca, que resultaron en personas muertas y heridas", dijo el organismo en un pronunciamiento desde su sede en Washington y difundido en México.

Al mismo tiempo, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha hecho "un llamado al Estado a promover un proceso de diálogo en el marco de la reforma educativa en México".

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El 19 de junio de 2016 se registró un enfrentamiento entre las fuerzas federales de seguridad y del estado de Oaxaca, con miembros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, izquierda), disidente del sindicalismo oficialista.

El gremio magisterial mantenía bloqueos en carreteras desde hacía una semana. Los enfrentamientos se habrían producido tras el operativo policial conjunto de fuerzas estatales y federales para retirar el bloqueo de la autopista Oaxaca-México, en el municipio de Nochixtlán.

Las autoridades mexicanas reportaron actos de vandalismo y saqueos en el estado del sur de México, con predominio de población indígena, por personas aún no identificadas.

Este miércoles altos funcionarios del gobierno federal se reúnen en una mesa de diálogo con líderes de la CNTE que dirigen la llamada Sección 22 de Oaxaca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Respaldo al diálogo

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La CIDH "lamenta profundamente estos hechos de violencia y hace un llamado al Estado a promover un proceso de diálogo en el marco de la reforma educativa que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática" y con pleno respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, la CIDH ha saludado el anuncio del establecimiento de una mesa de diálogo entre la CNTE y el Gobierno, convocada para este miércoles a partir de las 17.00 (23.00 GMT).

El organismo continental ha hecho un recuento de los hechos, comenzando por la confirmación de las autoridades de 8 personas muertas, 7 de ellas con disparos de armas de fuego y una persona más víctima de la manipulación de un artefacto de fuego.

Sin embargo, la CNTE elevó ese balance a diez muertos, luego de reportar el fallecimiento de dos heridos, la madrugada del martes.

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Las autoridades informaron que los incidentes en la carretera a la altura del poblado de Nochixtlán, Oaxaca, dejaron a 41 policías federales heridos, otros 14 policías estatales heridos, y 53 personas civiles lesionadas.

La CIDH también toma nota que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Ombudsman federal mexicano) "emitió medidas cautelares para la adecuada atención médica de las personas lesionadas", que supuestamente no fueron atendidas en hospitales.

Las autoridades informaron que 21 personas fueron detenidas durante los disturbios; posteriormente, las autoridades informaron que el total de personas detenidas fue de 23, y según versiones periodísticas, todos los detenidos han sido liberados.

Por su parte, según la CNTE, afirma que habría varias personas desaparecidas, y la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca solicitó medidas cautelares para proteger la integridad de siete personas desaparecidas a partir del desalojo de la carretera, a 70 kilómetros antes de la ciudad colonial de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, pero presume que podrían haber sido liberadas.

Por otro lado, un reportero del diario regional El Sur, Elidio Ramos Zárate, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras cubría saqueos en Juchitán, en las costas de Oaxaca en el Pacífico. El reportero ya había sido amenazado por cubrir hechos de violencia y difundir fotografías.

La Comisión "insta al Estado mexicano a cumplir con su obligación de impulsar una investigación diligente sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo a la ley, a las personas que puedan resultar responsables de estas muertes y otros hechos de violencia", y garantizar los derechos de los detenidos.

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