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    Nuevo sistema penal acusatorio y oral vigente en todo México

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, fue puesto en marcha en todo México a partir de este fin de semana, con una ceremonia solemne e inédita encabezada por el presidente Enrique Peña.

    El acto fue culminado simbólicamente a partir de las 00.00 horas de este sábado, con todos los poderes de la federación reunidos en el monumento del Altar a la Patria.

    Ocho años después de su aprobación en el Congreso y su promulgación presidencial de un nuevo sistema garantista con juicios orales, el mandatario expresó en un discurso a la nación, que se trata de un "momento histórico" para el país, gracias a "la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años".

    El titular del poder Ejecutivo admitió que "con el paso del tiempo, el sistema de justicia penal mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante un aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país, durante la primera década de este siglo".

    Peña reconoció que ante la debilidad del sistema judicial mexicano, en un contexto de violencia en el combate de las fuerzas federales contra el crimen organizado, "la sociedad civil alzó su voz con vigor y ánimo de proporciones nunca antes vistas, para demandar y contribuir a un cambio cualitativo en materia de justicia penal".

    El reconocimiento de las falencias y la necesidad del cambio fue hecho por el mandatario luego de un extenso recuento del derecho penal mexicano, desde la Independencia en el siglo XIX, la Revolución mexicana y la paz institucional del siglo XX.

    El mandatario dijo que "al concluir la implementación del nuevo sistema de justicia penal, damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz".

    Razones para cambiar

    La principal razón para cambiar el sistema de justicia penal mexicano es que estaba tan rebasado por la realidad, ineficiente, ineficaz, plagado de impunidad, que la inmensa mayoría de la población considera que en la justicia penal es "ineficiente, corrupta y complicado", según diversos organismos civiles.

    Con un grado de impunidad superior al 98 por ciento —según la ONU y centenares de ONGs de México—, en el restante dos por ciento de sentencias, las estadísticas indican que un 95 por ciento fueron condenas, pero el 90 por ciento de ellas se basó en confesiones, con una inmensa mayoría obtenida con torturas y no con investigación.

    Para dimensionar el gran esfuerzo de la nación latinoamericana, Peña mencionó que en los últimos ocho años, México invertió más de 21.000 millones de pesos (más de 1.000 millones de dólares) en la implementación de la reforma; y casi el 90 por ciento en el actual Gobierno; y para normarlo se crearon y reformaron 21 leyes federales o nacionales; y se modificaron más de 350 leyes locales.

    La Presidencia mexicana explicó en un documento de contexto nueve retos para mejorar el sistema y advirtió que el proceso de cambio podría producir "una percepción de impunidad", ante una disminución de encarcelamientos, y una estimación de "mayor delincuencia, debido a la existencia de más denuncias", un descenso en la llamada cifra negra de delitos no denunciados, que da "una apariencia falsa de incremento en actividades delictivas".

    Un aspecto fundamental para cambiar el sistema de justicia penal está relacionado con los compromisos adquiridos por México en materia de derechos humanos.

    Muchos estudios indicaban que el país latinoamericano no estaba cumpliendo con estándares de respeto a los DDHH por su sistema inquisitorial, empoderaba al Ministerio Público por esa razón: "era indispensable hacer una revisión para verificar si el sistema se ajustaba a los estándares internacionales de debido proceso", considera en un ensayo Pamela Romero, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

    Ante la reforma de 2008 "surgieron de todos lados argumentos en contra y mucha resistencia"; en 2012, cuando Peña llegó a la presidencia solo un 30 por ciento de los habitantes vivía bajo la nueva ley penal, y a principios de este mes alcanzaba poco más del 90 por ciento del territorio hasta que este sábado completa el 100 por ciento.

    "Hoy día podríamos prolongar ese debate, pero la realidad es que el plazo constitucional para la implementación del nuevo sistema en todo el país se venció este mes", dice un análisis de la experta publicado en la revista Letras Libres.

    El nuevo sistema penal exige "una perfecta comprensión de sus principios, señalados en el artículo 20 constitucional: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación".

    El principio de publicidad —por ejemplo— implica que todas las audiencias deben ser públicas y cualquier persona puede acudir a observarlo, con excepciones, cuando se ponga en riesgo la integridad de las personas, la seguridad pública o nacional, o el superior interés de niños y niñas.

    De esta manera, dice la experta, la regla es que "la justicia penal no es un asunto de abogados y policías, sino un tema social".

    Durante la etapa de implementación México contó con el apoyo de varios países, señaló Peña.

    "De manera destacada debo señalar (…) Canadá y EEUU", dijo el mandatario.

    Al cerrar su discurso, Peña exhortó a hacer del nuevo sistema "el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho".

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    Etiquetas:
    impunidad, crimen organizado, sistema penal, Enrique Peña Nieto, México
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