Según el Periódico de Guatemala, los dos funcionarios habían sacado al menos unos 4,3 millones de dólares (33 millones de quetzales) de las arcas públicas mediante fondos especiales para "agradar a los jefes" —en palabras de la fiscal general, Thelma Aldana—, es decir, al expresidente Otto Pérez Molina y a su antigua vice Roxana Baldetti.
Se trata, en particular, de unos "regalos" desproporcionados hechos a los exgobernantes entre los años 2012 y 2014, como un helicóptero, así como casas y lanchas.
Ambos debieron dejar sus cargos en 2015 y están en prisión preventiva por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.
Esta estructura obtenía ganancias ilícitas en los controles de aduanas, y provocó el pasado año con la renuncia y detención de la entonces vicepresidenta Baldetti y con el juicio político, la dimisión y el arresto del propio Pérez Molina.
Además de La Línea, otros casos vinculan a los exgobernantes: el de la Terminal de Contenedores, el del Lago de Amatitlán y el último conocido como Cooptación del Estado de Guatemala.
Baldetti está acusada por presunta estafa al Estado al haber obtenido de manera irregular la concesión del proyecto de saneamiento del Lago Amatitlán.
Además, ambos políticos enfrentan cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, por supuestamente haber orquestado un plan para obtener sobornos de un contrato con la empresa española Terminal de Contenidors de Barcelona para explotar parte del sureño Puerto Quetzal.
