"El tema del presupuesto (de la CIDH) tiene un correlato político", pues la Comisión se encuentra en esta situación como resultado de una "debilidad estructural en el financiamiento" y de la falta de apoyo de los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo Álvarez Icaza.
Uno de estos países es México, "que venía dando (dinero a la Comisión)" y es el mayor contribuyente de América Latina, pero que desde hace dos años anunció su interés en "hacer una reducción de los trabajos de la CIDH".
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos autónomos de la OEA cuyo objetivo es vigilar el respeto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mientras la Corte funciona como un tribunal hemisférico para juzgar infracciones de los Estados, la CIDH estudia denuncias individuales, solicita medidas cautelares de protección, observa el panorama regional de los derechos humanos, realiza recomendaciones a los países y eleva casos a juicio ante la Corte. Las dos entidades funcionan con la mitad del presupuesto requerido.
Atravesamos una grave crisis financiera que pone en riesgo nuestro funcionamiento #CIDHenCrisis pic.twitter.com/rgtuuExpVt
— CIDH (@CIDH) 31 de mayo de 2016
En 2015 y este año México aportó asistencia financiera exclusivamente para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes en la localidad mexicana de Ayotzinapa (sur).
Álvarez Icaza valoró la colaboración del Gobierno de Enrique Peña Nieto y dijo que su apoyo al GIEI "tiene sentido", pero recordó que México luego criticó duramente los informes de la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en ese país.
Lo mismo ha ocurrido con Brasil, que hace tres años que no realiza aportes ni a la OEA ni a la CIDH.
La decisión de Brasilia coincidió con la decisión de la CIDH de otorgar medidas cautelares a las comunidades indígenas afectadas por la central hidroeléctrica de Belo Monte, que se construía en el amazónico estado de Pará (norte), recordó el secretario ejecutivo.
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"Lo que la CIDH no quiere es que este contexto sea un mecanismo para que los Estados puedan limitar las capacidades, atribuciones o fortalezas de la Comisión, que ha mostrado la pertinencia del ánimo de atender la agenda de derechos humanos", observó Álvarez Icaza.
Financiación
La CIDH se financia por dos vías: el llamado "fondo regular" y los "fondos específicos".
El primero sale del presupuesto de la OEA, del que la Comisión representa el seis por ciento y está compuesto por las contribuciones que realizan los 34 Estados parte del organismo.
Los fondos específicos son contribuciones voluntarias de los países que integran la OEA —independientes del dinero que aportan al organismo-, de países observadores, "esencialmente europeos", y de agencias de las Naciones Unidas o de universidades de Europa y Estados Unidos.
La crisis de los refugiados y la propia situación económica en Europa ha hecho que disminuya la colaboración de estos donantes.
"Toca que los latinoamericanos asuman como prioridad su situación", reclamó Álvarez Icaza.
Llamamos a países a realizar aportes financieros urgentes para evitar perder 40% de nuestro personal https://t.co/PmpagI4I8G #CIDHenCrisis
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El secretario ejecutivo de la CIDH no acepta el argumento de los gobiernos latinoamericanos, que aducen falta de dinero para contribuir con el organismo.
"No es que no haya dinero. Entendemos que hay reducción del precio del petróleo (y) contracción fiscal. Pero estos mismos países latinoamericanos y del Caribe el año pasado dieron 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, y en contribuciones voluntarias le dieron a la CIDH más o menos 200.000 dólares", ejemplificó.
La CIDH atiende más de 6.000 casos en la región y la Corte Penal Internacional, ninguno, lo cual "resulta un poco contradictorio", expresó.
El 24 de mayo la CIDH comenzó una campaña para alertar sobre su grave crisis financiera.
#CIDHenCrisis Sin personal no podemos apoyar el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales pic.twitter.com/9LnZ1UIFXy
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La Comisión sostiene que la falta de fondos le impedirá realizar los períodos de sesiones previstos para este año y renovar los contratos del 40 por ciento del personal, que vencen el 31 de julio.
El organismo precisa un millón de dólares para poder hacer frente a estas y otras obligaciones presupuestarias para lo que resta de 2016.
