El detenido es Silverio Rodríguez, quien aparece sometido por un agente policial, quien después fue incorporado a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), en agosto de 2015.
La PGR informó al mismo portal que el agente Pedro Velazco fue separado de su cargo este fin de semana por "sospechas en la comisión de delito" de tortura.
Este video ha sido publicado luego que hace un mes el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la sociedad por primera vez en la historia mexicana en nombre de las Fuerzas Armadas por un acto de tortura de militares y un policía contra una mujer, contra la misma técnica de la capucha, publicado en un video.
Carrera de torturador
En agosto de 2015, el agente Velazco fue registrado como director de área de la Policía Federal Ministerial de la PGR (fiscalía federal), de acuerdo con su declaración patrimonial.
En el vídeo, mientras el hombre es sometido a la tortura, al límite de la asfixia, otros seis funcionarios ayudan a someterlo, y otros dos graban con cámaras de vídeo y audio.
El relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, señaló que México la tortura es "generalizada" en un esquema de impunidad.
Entre 2007 y 2014 se presentaron 4.133 quejas por tortura ante organismos de derechos humanos, pero al menos un 92 por ciento no llegó ante Ministerio Público, por desconfianza en la autoridad, según organismos humanitarios.
A nivel federal se registraron 4.055 denuncias de diciembre de 2006 a octubre de 2014.
El 5 de mayo pasado, el presidente Peña reconoció a las Fuerzas Armadas por las disculpas ofrecidas en un caso de tortura, perpetrada por militares contra una mujer.
En un discurso ante una parada militar, el mandatario expresó que "una prueba fehaciente de la integridad y honorabilidad de nuestro Ejército, es que, ante faltas graves de algunos de sus integrantes, su Alto Mando ofreció una disculpa pública a la sociedad mexicana".
El gobierno de México ha protestado ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) por afirmar que la tortura en México es una práctica "generalizada", mientras las autoridades la consideran episódica.