"Se declara la inconstitucionalidad", dictaminó la Sala Constitucional del Supremo, tras advertir que con la ley, aprobada en abril, "se estarían privatizando los inmuebles en beneficio del mercado inmobiliario y el sector financiero que lo sustenta".
Centenares de ocupantes de las viviendas respaldaron al Gobierno en una manifestación convocada a finales de abril en Caracas contra la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público.
También hubo un debate acerca del censo de viviendas a que obligaba la ley, pues según el Gobierno desde 2011 se construyeron casi 1,1 millones de unidades, mientras que la oposición argumenta que se edificaron menos de 400.000.
Todas las leyes y decisiones administrativas tomadas por el parlamento unicameral de Venezuela desde que la oposición ocupó la mayoría de bancas el pasado enero han sido detenidas por el Tribunal Supremo de Justicia.