"No le vamos a dar tregua (al Gobierno)", expresó Bustamante y agregó que si las autoridades "no deciden de una vez por todas qué es lo que van a hacer y cómo van a manejar la situación, se les va a escapar de las manos".
Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que se reunió durante la mañana del viernes con los pescadores, propuso en nombre del Gobierno un pago solidario de 300.000 pesos (unos 450 dólares) y una ayuda mensual de 150.000 (unos 225 dólares).
"(Queremos) que el Gobierno entregue algo digno. Con la plata que se está entregando hoy día, para vivir unos meses puede alcanzar, pero si esto dura más que un par de meses, no sabemos qué va a pasar", explicó Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).
"Ya llevamos prácticamente dos meses con esta contaminación y creemos que va para largo", advirtió.
Billetera fácil
"No somos un Gobierno de billetera fácil", sentenció el funcionario.
Para Bustamante, "la billetera (del Gobierno) no es grande para los pescadores, pero sí para las empresas" salmoneras, a las que los trabajadores responsabilizan por la aparición de la marea roja.
"La marea roja no mata los recursos bentónicos (especies que viven en el fondo marino); esto es producto de la contaminación de la industria salmonera", aseguró.
El vínculo entre los vertidos de los desechos por parte de las salmoneras y la aparición de la marea roja no ha sido confirmado por las organizaciones ambientales, las que sin embargo aseguran que la industria del salmón genera importantes daños al ecosistema marino.
Desabastecimiento
En el marco del conflicto con el Gobierno, los pescadores han cortado las rutas que unen el archipiélago de Chiloé con el continente, lo que hace peligrar el abastecimiento para el territorio insular.
"Se están terminando los víveres y eso tampoco lo está viendo el Ejecutivo (…) Si no ayudan a los pescadores artesanales, que son una gran potencia en este país y sí ayudan a la industria salmonera que son las que contaminan este país, no sé de qué estamos hablando", indicó.
La presidenta de Conapach remarcó que el conflicto afecta a unas 15.000 personas directamente y a unas 120.000 de forma indirecta.
"Aparte de nosotros se está sumando toda la gente que vive del sector, que vende los productos, que procesa los productos, entonces no somos pocos, somos muchas personas hoy día que estamos complicadas", explicó Bustamante, quien dijo que la situación se agrava aún más a causa de la "psicosis" que la marea roja causa en la población.
"Es una cadena de trabajo la que está complicada, más con la psicosis que tiene el pueblo, el país, de no consumir productos bentónicos del mar porque están contaminados. Entonces peor aún, porque no compran los recursos que se pueden consumir, como el pescado o los mariscos que vienen de zonas que no están contaminadas", dijo.
Los pescadores artesanales aseguraron que continuarán con las rutas cortadas hasta que el Gobierno atienda sus reclamos.
