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    Menores desmovilizados de bandas criminales en Colombia podrían ser considerados víctimas

    CC BY 2.0 / Dani Vázquez / Cuenta conmigo
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    BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado para que los menores de edad que se hayan desvinculado de las bandas criminales antes del pasado mes de febrero, sean consideradas víctimas de reclutamiento forzado y pasen a integrar el sistema nacional de atención y reparación del Gobierno nacional.

    "En julio de 2015 la entidad interpuso una demanda de inconstitucionalidad del artículo 190 de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), porque solo se reconocía como víctimas a los niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos guerrilleros o paramilitares", señaló la Defensoría en un boletín

    Según este organismo, la Corte Constitucional estableció que "los programas de reintegración social y económica en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito forman parte de su derecho a la reparación, el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones".

    Sin embargo, asegura la Defensoría, eso no se observa en la práctica.

    En el boletín, que integra la nueva revista digital de la Defensoría, presentada el viernes, se advierte sobre el vacío que existe respecto a los menores de edad desvinculados antes del fallo del alto tribunal, "quienes no obtienen beneficios otorgados por la Ley de Víctimas".

    Entre estos beneficios están el acceso a la educación superior, la atención sicosocial, la exención de la obligatoriedad del servicio militar y las ayudas económicas que brinda el Gobierno.

    "Los menores de edad son vinculados a procesos penales en lugar de ser tenidos en cuenta como víctimas de una vulneración de derechos humanos y estar en un proceso de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición", lo que puede calificarse como una "coyuntura peligrosa", agrega el boletín.

    De los 7,8 millones de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, unos 2,3 millones son niños, niñas y adolescentes, según un informe de la Defensoría del Pueblo y Unicef, publicado en setiembre de 2015.

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