"Tenemos unos datos que provienen de la realidad y no de la paranoia o de la especulación y que nos indican que realmente hay un auge de acciones paramilitares en los últimos meses", dijo a Sputnik Nóvosti el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático.
En los últimos cuatro años la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes políticos aumentó de manera exponencial, según el "Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia", publicado por el Cinep el 13 de este mes.
Desde 2012 (año en el que comenzaron en La Habana los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla izquierdista FARC) hasta 2015, las amenazas a líderes sociales aumentaron más de 90 por ciento al pasar de 571 a 1.030.
Tema: Proceso de Paz en Colombia
Las proferidas por estructuras criminales que el Cinep identifica como paramilitares fueron 421 en 2012 y 873 en 2015.
Después de los paramilitares, los actores armados que más violentaron los derechos humanos el año pasado fueron la Policía, con 83 amenazas y 160 detenciones arbitrarias, y el Ejército, con 74 y 115.
Solo el año pasado el Banco de Datos del Cinep registró 2.047 "hechos victimizantes", de los cuales 1.061 fueron amenazas contra defensores de derechos humanos.
"El movimiento social y político Marcha Patriótica ha denunciado 116 asesinatos, algo que no se presentaba quizás desde 2003, y también se han proferido amenazas contra organizaciones sindicales y contra la Juventud Comunista", agregó Cepeda.
Tales acciones son responsabilidad de grupos armados que "en otros momentos han frustrado procesos de paz" como el que actualmente se lleva a cabo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
El Cinep reclama al Gobierno medidas urgentes para evitar que vuelvan a perpetrarse asesinatos masivos, como los cometidos contra unos 3.000 dirigentes políticos y simpatizantes de la Unión Patriótica entre 1980 y 1990, luego de que ese partido de izquierda se conformara a raíz de un frustrado proceso de paz entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986).
Nuevos paras
Puesto que estos delitos tienen como blanco a militantes de izquierda, líderes sociales y defensores de derechos humanos, se trata de paramilitares, indican organizaciones como el Cinep.
El Gobierno, en cambio, sostiene que se trata de bandas criminales (bacrim), en muchos casos remanentes de grupos paramilitares que se desmovilizaron en la primera década de este siglo en un cuestionado proceso de paz que condujo el entonces presidente Uribe.
"El paramilitarismo es un riesgo, una amenaza que puede sobrevenir, pero no es una realidad que supone la repetición del paramilitarismo de los años 90 y de comienzos de este siglo, por lo que bien valdría denominarlo 'neoparamilitarismo'", dijo a Sputnik Nóvosti el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo.
En opinión de este especialista, una diferencia con los paramilitares de décadas pasadas radica en que los propósitos de estos grupos violentos "no son contrainsurgentes", es decir creados para combatir a guerrillas izquierdistas como las FARC.
Los fines de esta nueva violencia "están relacionados con la acumulación de rentas ilegales", observó Restrepo.
A su vez, estos grupos son opositores, "en el sentido en que el Estado los combate" y, por último, "no son aparatos de violencia militar como lo fueron en su momento los paramilitares, en específico las Autodefensas Unidas de Colombia" que se desmovilizaron entre 2004 y 2006, concluyó.
