La reforma es parte de la confrontación que tiene de un lado al Parlamento, donde la oposición cuenta una mayoría que roza los dos tercios, y del otro a los restantes cuatro poderes, el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral, y el Moral que integran la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Si la reforma prosperase, la mayoría opositora podría colocar en la Sala Constitucional a juristas que contraviniesen la línea de conducta sostenida por los actuales siete magistrados.
El Supremo ha objetado leyes, atribuciones e incluso la composición de la Asamblea Nacional que desde enero tiene, por primera vez en 15 años, mayoría opositora.
Este jueves el presidente Nicolás Maduro pidió formalmente a la Sala Constitucional que anule por inconstitucional una ley de amnistía para opositores presos o autoexiliados que la mayoría opositora aprobó la semana pasada.