CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — "Lo que sucedió en La Esperanza –comunidad indígena del sur de Honduras- fue un doble atentado, contra Bertha Cáceres y contra mi persona", dijo Castro Soto, sociólogo exjesuita de 52 años, tras permanecer casi un mes retenido "ilegalmente" por orden de la Fiscalía y una jueza hondureñas que investigan el crimen perpetrado a balazos la madrugada del 3 de marzo pasado, en la casa de la dirigente.
Sobre la parte medular de su testimonio ofrecido las autoridades hondureñas, sobre el ataque en el cual murió en sus brazos la galardonada con el premio internacional Golden 2015, expresó: "Yo no pude ver quien asesinó a Berta, pero si pude estar en los últimos momentos en que se nos fue"
"Es algo que no es fácil de digerir, ni de asimilar, necesitaré tiempo para eso", dijo sobre el asesinato de Berta Cáceres, para quien la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) había ordenado medidas cautelares por amenazas de muerte por su defensa al ambiente y recursos naturales de las comunidades de la etnia lenca.
El ambientalista autor del libro "Las aguas sucias de la Coca Cola", y del manual para organismos civiles "La mina nos extermina", permaneció refugiado en la embajada de México en Honduras, mientras su vida estuvo amenazada tras sobrevivir herido de bala en una oreja, cuando los asesinos lo dieron por muerto.
En busca de la verdad
Soto ha expresado su disposición a colaborar en busca de la verdad del crimen: "Yo estuve dispuesto a colaborar con las autoridades hondureñas en todo momento, a pesar de que no estaba en condiciones de hacerlo –prosiguió-, puesto que los primeros días no dormí, no me permitieron comer, ni curarme adecuadamente las heridas".
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le CIDH, y la Comisión de derechos humanos de la ONU exigían proteger la vida del único testigo del crimen, el líder fundador de la organización Otros Mundos-Amigos de la Tierra México, asegura que "fue muy difícil estar en la embajada durante tanto tiempo".
"En la embajada mexicana me trataron muy bien, aunque siento que el Gobierno mexicano no enfrentó la situación con la celeridad el nivel de interlocución que hubiera deseado", dijo el dirigente cuya organización trabaja con comunidades indígenas de Chiapas.
Sin mencionar directamente el apoyo diplomático y legal de la Cancillería mexicana al expresidente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en España en una investigación de lavado de dinero, como han denunciado varias ONG, Soto mencionó que "sí lo han hecho en otros casos de mexicanos que son víctimas de delito en el extranjero".
El agradecimiento ha sido expresado "muy especialmente a mi equipo de Otros Mundos Chiapas que han coordinado todos estos esfuerzos".
Cáceres y Castro Soto preparaban a principios de marzo, en la residencia de la dirigente hondureña, una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas hondureñas, blanco de un gran proyecto hidroeléctrico y minero.
Los fiscales intervinieron por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de una obra hidroeléctrica a la cual se oponen grupos ecologistas y comunidades de esa reserva natural, y en el allanamiento decomisaron armas y documentos.
