MONTEVIDEO (Sputnik) — “Tenemos que enseñar un solo músculo como Estado y país. Que los buenos somos más y que tenemos la capacidad de revertir estratégicamente esta situación de criminalidad, de extorsión que el país ha vivido en los últimos 15 años”, señaló el vicepresidente Óscar Ortiz en una reunión con miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
A mediados de este mes el Gobierno anunció una serie de iniciativas para frenar la criminalidad, que incluían reforzar la presencia policial en varias zonas controladas por las pandillas y proponer ajustes legislativos
Ortiz aseguró que las primeras acciones incluyen la “declaratoria del régimen de emergencia en siete centros penales y el traslado de 299 cabecillas de pandillas al penal de Quezaltepeque, bajo un régimen de estricto aislamiento y control”.
El domingo las dos principales organizaciones criminales del país, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, anunciaron un cese de los homicidios y pidieron al Gobierno que no implemente esas medidas excepcionales a través de un video que se difundió en varios medios locales.
Sin embargo, la policía replicó que las autoridades “no tienen por qué girar en torno a lo que digan grupos criminales en forma anónima”.
Escalada de violencia
Durante el primer Gobierno de izquierda en este país, presidido por Mauricio Funes (2009-2014) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una tregua entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, propiciada por las autoridades logró reducir el número de los homicidios.
Así, a partir del año pasado los asesinatos se dispararon hasta alcanzar el promedio de 23 por día.
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también del FMLN, resolvió aplicar mano dura a las pandillas, y a mediados de 2015 la Corte Suprema de Justicia decidió encausar a los pandilleros por delitos de terrorismo.
El Salvador está considerado el país más violento de América Central: casi 1.400 personas fueron asesinadas en los dos primeros meses de este año, según datos de la Policía Nacional Civil, cifra que duplica los homicidios del mismo período de 2015.
El narcotráfico y los enfrentamientos entre pandillas por el control del territorio y de negocios como el cobro de sobornos a comercios y medios de transporte son las causas principales de esta mortandad.
