La investigación y castigo de la desaparición de un trabajador ferroviario, Felix Llorente, ocurrida en 1936 en Vallalodid cuando tenía 27 años de edad, ha sido archivada en España, y es posible que México asuma la investigación, apegado a la legislación nacional, dijo Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que respalda la demanda junto con Amnistía Internacional.
El país latinoamericano "ha recibido a una cantidad muy importante de refugiados de la guerra civil española (1936-1939) y en esa condición de nación de asilo tiene responsabilidad con las personas que recibe", dijo el responsable humanitario.
En segundo lugar, "Mexico ha sido un país que ha actuado favorablemente frente a la jurisdicción universal", dijo el abogado humanitario, quien se desempeñó antes como ministro de DDHH en la misión permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.
En aquella ocasión, la Suprema Corte de México reconoció que la jurisdicción internacional era válida; y como consecuencia extraditó al militar Cavallo a España por delitos que había cometido en Argentina en contra de ciudadanos argentinos.
Una ventana en el derecho mexicano
La crisis por violaciones de los DDHH es "un buen momento para que el presidente Enrique Peña demuestre que México está comprometido con la comunidad internacional, que es un actor global que colabora con los Cascos Azules de las Naciones Unidas", argumentó Guevara, quien ha sido director general de DDHH y Democracia de la Cancillería mexicana.
"La desaparición es un delito que se comete de manera continuada hasta que se conozca el paradero del desaparecido, por eso la PGR tiene una obligación, no sólo política con la comunidad internacional, sino moral con las víctimas, y legal con la ciudadanía mundial para investigar estos delitos y llevar a juicios a los responsables", sostiene Guevara.
México tiene además, "la obligación de investigar las desapariciones que han ocurrido en su territorio", más de 23.000 desde 2007 a la fecha, oficialmente.
La justicia internacional que ampara el caso –prosiguió el jurista-, es la "figura de la jurisdicción universal que cobró relevancia en 1991 con la extradición de Londres a España del exdictador chileno Augusto Pinochet", recordó.
Esa figura legal se cristaliza después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los países ejercen su jurisdicción para llevar ante los tribunales a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la Alemania nazi.
Por ejemplo, mencionó casos en Suiza contra violadores guatemaltecos de los DDHH, en Bélgica contra personas que cometieron crímenes en Chad; procesos en Suecia contra personas involucradas en el genocidio en Ruanda, mientras que en Argentina hay una causa abierta contra responsables de la dictadura franquista.
"Lo importante es que los responsables de crímenes atroces no se sientan tranquilos en ningún país y sepan que van a ser juzgados por los crímenes que cometieron en sus países", puntualizó Guevara.
