Rousseff, que no es objeto de investigación, deberá aportar su testimonio sobre presuntas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), cuyos miembros podrían haber recibido sobornos a cambio de reducir los impuestos fijados para determinadas empresas del sector del automóvil en la Hacienda Federal.
Sin embargo, esto no significará que Rousseff deberá acudir ante el juez Vallisney de Souza, sino que podría emplear la prerrogativa que le autoriza a responder las preguntas de los magistrados por escrito o, en su defecto, mantener una cita con el juez para ser escuchada, aunque sea para negar todo tipo de conocimiento de la presunta estafa.
Cabe recordar que recientemente el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, accedió a declarar voluntariamente en defensa de otro empresario, Alexandre Paes dos Santos, acusados del mismo delito, el cual supuestamente habría sido beneficiado por los incentivos fiscales a las montadoras de automóviles aprobados durante su gestión.
De momento, la secretaria del Palacio de Planalto, sede de la Presidencia en Brasilia, evitó valorar el asunto y anticipó que la presidenta Rousseff todavía no habría sido notificada oficialmente por la Justicia Federal.
