Así lo confirmó recientemente el presidente de la FUNAI, Joao Pedro Gonçalves, quien cree que los 533,7 millones de reales (133,5 millones de dólares) del presupuesto para 2016 serán insuficientes para garantizar las actividades de control y demarcación de las tierras indígenas o la protección de los pueblos aislados y de reciente contacto, actividades para las que el presupuesto se redujo un 44 por ciento.
En este último caso se recurriría a la USAID, órgano norteamericano encargado de la ayuda humanitaria.
"Actuaremos con países que trabajan con pueblos indígenas y tienen una relación respetuosa con la poblaciones tradicionales", afirmó Gonçalves en declaraciones recogidas por el portal brasileño UOL.
Gonçalves mencionó "Noruega, Nueva Zelanda y Alemania" que "tienen trabajos robustos en Brasil".
"Será una forma de reforzar nuestro presupuesto", agregó.
En este sentido, el proyecto PEC-215 que se encuentra en plena discusión en el Congreso Nacional podría arrebatar a la Presidencia de la República la potestad para demarcar nuevas tierras indígenas, que pasaría a ser responsabilidad del Congreso de los Diputados, lugar donde la llamada "bancada ruralista", es decir, los diputados vinculados a la agroindustria, cuentan con enorme poder de decisión lo que llevaría a la revisión de muchas de las tierras ya concedidas.
