Ante tales evidencias, la teoría presentada en sus declaraciones por el agente Antonio Carlos Gonçalves y sus compañeros Fabio Piza, Thiago Viana y Marcio Darcy, quedó invalidada por completo, ya que el supuesto robo de un camión de bebidas, desmentido por algunos testigos, no podría justificar la realización de más de un centenar de disparos sobre un vehículo ocupado por 5 jóvenes desarmados, algo que además concuerda con la versión de los familiares, que hablan de una ejecución premeditada.
Por su parte, la Justicia de Río de Janeiro y el Comando General de la Policía Militar determinaron el pasado martes la prisión preventiva para los cuatro agentes bajo el Batallón Especial de Prisiones (BEP), así como la apertura de un proceso administrativo para su expulsión definitiva del cuerpo, todo ello a la espera de que se inicie un proceso penal en base a las investigaciones iniciadas por la División de Homicidios de la Policía Civil que incluirán la falsificación de la escena del crimen por los agentes.
"La acción es indefendible, innecesaria y exagerada", señaló el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame: "Las personas ya están bajo arresto y responderán administrativa y criminalmente" y "sin duda podrán ser expulsados de la corporación", dijo.
Asimismo, recordó que el armamento pesado de la Policía Militar "solo puede ser usado cuando su integridad física o la de terceras personas está en grave peligro".
"Aquello fue una ejecución, todo lo que planeé en la vida se perdió, esta pérdida no tiene solución pero ellos deberán pagar por lo que hicieron", denunció ante el diario O Globo Jorge Roberto Lima, de 50 años, padre de Roberto de Souza, de 16 años, ejecutado junto a Carlos Eduardo de Souza (16), Claiton Correa de Souza (18), Wilton Esteves (20) y Wesley Castro (25) en aquella noche del 28 de noviembre cuando regresaban a sus hogares tras una salida nocturna con amigos.
