"Es un capítulo pendiente descubrir el entramado profundo de intereses económicos, empresariales y religiosos durante el régimen militar", indicó el legislador, del gobernante Frente para la Victoria.
El senador explicó que, al término de la dictadura, el Código Penal no tenía por objeto perseguir los delitos económicos que pudieran estar vinculados al terrorismo de Estado.
"Cuando se cierra el capítulo terrorismo de Estado y se inicia el camino de la endeble democracia, no existían normas legales de fondo ni procesales para enjuiciar", razonó Fuentes.
Al ser "inconcebible", añadió, "hubo que crear sobre la marcha nuevas normativas".
Una vez que el órgano elabore un informe con sus conclusiones, se sugerirán las modificaciones legislativas que sean necesarias, explicó.
La creación de la comisión fue votada el miércoles por unanimidad con sólo 39 votos, pues gran parte de los bloques opositores se retiraron de la sala cuando el oficialismo les impidió abstenerse.
Entre ellos se encontraban los legisladores de la Unión Cívica Radical, partido que apoyó la candidatura del presidente electo Mauricio Macri en el frente electoral Cambiemos (centroderecha).
"Hace dos semanas, los radicales votaron la creación de la comisión en bloque, pidiendo que se ampliara incluso el objeto de la misma, para investigar más allá de 1983", señaló Fuentes sobre la retirada de los opositores, que calificó de "absurda".
"Llegó la propuesta al Senado y pusieron reparos, quisieron abstenerse para dejarnos sin quórum", añadió el legislador. "No se autorizó la abstención y se marcharon".
Según organizaciones de derechos humanos, durante la última dictadura en Argentina fueron desaparecidas unas 30.000 personas, aunque se trata de una cifra en discusión.
Aparte, también se estima que otras miles fueron directamente asesinadas.
Se calcula además que unos 500 niños fueron secuestrados, dados en adopción y privados de su verdadera identidad.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha encontrado hasta el momento a 118 de estos niños.