"La principal reacción negativa, ante la propuesta de regular el uso de la cannabis, es que provocamos un uso más temprano y rápido de las drogas entre los jóvenes, y eso es falso", dice Aram Barra responsable del Programa de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Esa organización ha promovido un juicio de amparo ante el máximo tribunal, junto con un grupo de cuatro consumidores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), luego de que el Gobierno de Enrique Peña, a través de la Secretaría de Saludo, les negó una solicitud para que les fuera autorizado el autoconsumo.
"Queremos encontrar una alternativa a la estrategia punitiva que ha fracasado, una regulación para ciudadanos responsables que le devuelva al Estado el control que ha perdido sobre un mercado ilegal que ya existe", dice Barra, quien tiene un posgrado en diseño de Políticas Públicas.
"Los traficantes no preguntan si un consumidor es mayor de edad o no para vender su marihuana, y el Estado puede recobrar ese control regulador", argumenta el experto y promotor del caso.
El otro prejuicio que ha cundido entre los conservadores y prohibicionistas es que las drogas estimulan otros delitos como el robo y el homicidio.
La marihuana representa entre el 30 y el 60 por ciento de los recursos del narcotráfico, dependiendo de las fuentes, "como sea, es el negocio ilegal más lucrativo del mundo", afirma Fernando Belauzarán, uno de los principales líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), quien ha promovido un proyecto de ley, congelado en el Congreso.
"El tema de las drogas ha sido abordado en México, históricamente, desde la doble moral, el prejuicio y el tabú; y por primera vez como sociedad nos estamos dando cuenta de que los costos son muy altos, y debemos de migrara a una ética pública basada en la ciencia y en las evidencias y no los dogmas", dice Barra, quien considera al alcohol y el tabaco como drogas peligrosas.
"Esa moralidad no ha impedido el uso de drogas al alza, mercados ilícitos con sustancias cada vez más poderosas, precios más bajos, y edades cada vez más bajas para el primer uso de estupefacientes", argumentan los promotores del proyecto.
El Gobierno de México debería "dejar de enfocarse en la cantidad de toneladas que incautamos o los plantíos que se destruyen, o cuántos capós atrapamos o extraditamos a EEUU", dice el experto en el impacto de la drogas y su combate.
En cambio, México está utilizando "penas desproporcionadas, criminalizando y usando todo el aparto de justicia penal para perseguir delitos que podrían ser objeto de multas, trabajo social y sanciones administrativas, mientras hay un 98 por ciento de impunidad en homicidios y tortura", puntualiza.
Antes que los dogmas, urge la prevención, la información científica accesible, amigable, y construir instituciones de salud —sostiene-: "la estrategia basada en la seguridad nacional está agotada y ha costado en decenas de miles de muertos".
"México debe caminar sobre criterios de prevención de la ONU; y abandonar el chantaje emocional, el miedo y el prejuicio", reprocha Barra.
"¿Qué van a decir los políticos prohibicionistas cuando la vecina California, la quinta economía del mundo donde viven millones de mexicanos por sí sola legalice el próximo año la mariguana?", se interroga.
En cuanto al presidente Peña y los congresistas que se oponen con subterfugios al proyecto, pero dan la bienvenida al debate, el responsable de MUCD sostiene que es "una de las mejores formas de evadirse, de evitar tomar una postura clara", puntualiza.
