"Como la ley vigente lo permitía, fue necesario modificarla para decir taxativamente que en la Argentina los estudios de grado son gratuitos", explicó la diputada del gobernante Frente para la Victoria (FpV), Adriana Puiggrós.
De acuerdo a la modificación, aprobada el miércoles, "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas".
De este modo, rige la "prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa", sobre las carreras de grado.
Puiggrós recordó que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, volvió impulsada al Gobierno del país vecino por el movimiento estudiantil que se opone al arancel universitario.
"Por más que la ley de Argentina no habla directamente de arancel, sí permite que se cobre de manera indirecta", explicó.
Puiggrós puso como ejemplo las llamadas cooperadoras, que son asociaciones civiles de padres, vecinos o docentes, de las que se sirven algunas universidades para cobrar a los estudiantes algún tipo de impuesto.
"Como mucha gente no puede vivir en la capital de las provincias, las universidades ponen sus sedes en poblaciones más pequeñas, y algunas cobran diciendo que eso es para que los profesores puedan viajar, u otras excusas", añadió la legisladora.
Sin examen de ingreso
La reforma también prohíbe que las universidades puedan aplicar exámenes de ingreso.
"Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior", especifica el texto en su artículo séptimo.
Puiggrós indicó a esta agencia que las facultades con una gran cantidad de alumnos podían decidir hasta ahora la forma de ingreso de los estudiantes, sin tener en cuenta la opinión de la universidad.
"En La Plata (60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires), la Facultad de Medicina estableció un examen de ingreso", contó la diputada y agregó: "En 2014 se presentaron 3.000 alumnos para ingresar y solo entraron 80; esto fue una resolución en contra del Consejo Superior de la Universidad de La Plata".
La congresista señaló que era común que las universidades tendieran a independizarse, y que por lo tanto debía "conservarse la unidad de estas instituciones, de modo que no puedan establecer normas por su cuenta".
La reforma legislativa modifica dos artículos de la ley 24.521, sancionada en 1995.
