"Por haber desconocido el clérigo la misión pastoral que estaba llamado a ejercer de acuerdo con los principios inculcados por la Iglesia, la Diócesis (de Ibagué, centro-occidente) está llamada a reparar el agravio que dicha Institución —por medio de uno de sus agentes- infligió a los demandantes, a quienes hasta el último momento ha negado el derecho al resarcimiento de su dignidad e integridad personal y moral, muy a pesar de la contundencia y gravedad del perjuicio ocasionado", señala la Corte.
De esta forma el fallo del alto tribunal determinó que existe una responsabilidad patrimonial por parte de la Iglesia por los abusos cometidos en contra de los dos niños, y precisa que la institución, al ser responsable de la ordenación de este y otros sacerdotes pederastas y funcionar como una unidad, tiene que asumir los costos patrimoniales de la reparación a las víctimas.
"Es una verdad incuestionable que el dogma católico establece que la iglesia es una, y una unicidad se reitera, como no podía ser de otra manera, a lo largo de todo el Código de Derecho Canónico; luego no se trata solamente de una cuestión de fe, sino que también para la atención de los asuntos terrenales con relevancia jurídica, la Iglesia Católica es una organización unitaria que no puede considerarse como la simple agrupación de personas distintas y autónomas", señala el fallo.
Los hechos de abuso sexual se cometieron en el año 2007 por parte del padre Luis Enrique Duque Valencia, quien tenía bajo su cuidado a dos niños, para entonces de 7 y 9 años de edad, hijos de un desmovilizado por la violencia armada en el país, quien llegó a vivir a la zona urbana de Líbano (departamento del Tolima, cuya capital es Ibagué) junto con los dos menores.
Por tales hechos, el sacerdote fue condenado a 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado, pero por vencimiento de términos recobró la libertad y volvió a oficiar la eucaristía en Ibagué. Posteriormente, en el 2009, fue de nuevo capturado por la Policía, que lo ubicó en el municipio de El Santuario (Antioquia,noroeste).
"En los eventos de acceso carnal violento o acto sexual abusivo cometidos por sacerdotes, no hay duda que el autor del delito responde penal y civilmente por su acción autónoma; pero puede suceder que el clérigo haya actuado con ocasión de su ministerio, prevalido de su posición de figura pública y respetable", precisa el fallo.
