La declaración responde al secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien ofreció la noche del martes una entrevista a la cadena Televisa para defender a los militares que podrían estar involucrados en las masacres del año pasado 2014 Ayotzinapa (septiembre) y Tlatlaya (junio): "la posición del secretario de la Defensa es que en nada tienen que hacer los organismos internacionales en esos casos y menos entrevistar a militares", lamenta Padrón.
"Nos parece delicado que el secretario de la Defensa salga a la defensa de sus elementos, evitando que las instituciones mexicanas hagan su trabajo de investigación", dijo el principal responsable del organismo que lleva la tutela legal de las víctimas de esas masacres, mientras el alto comisionado de la ONU en DDHH, Zeid Ra'ad Al Hussein, culmina una gira esta semana.
"En los expedientes hay datos relevantes y sustanciosos que implican la necesidad de investigar a las Fuerzas Armadas en los hechos de Ayotzinapa, los militares tenían información de que los estudiantes se dirigían a Iguala (Guerrero, sur del país), y hubo un mecanismo de monitoreo en el cual el Ejército participó", afirma el director del organismo ciudadano.
"Muchas pruebas relacionan al personal militar, que presenció las agresiones a los estudiantes, (…) con la desaparición de un camión de pasajeros" de los cinco buses que los jóvenes habían ocupado para viajar a la ciudad de México a conmemorar un aniversario de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968.
"Hay declaraciones que revelan que el Ejército tenía información de los estudiantes desde 2013, en este conjunto de datos, en una perspectiva técnica, indudablemente se debe hablar, investigar si los elementos del Ejército incurrieron en omisiones", la noche del 26 de septiembre y la madrugada siguiente, dice Padrón.
"Es preciso que el grupo de expertos de la CIDH conozca la investigación de elementos del Ejército, la Policía Federal, la policía ministerial (judicial) de Guerrero, y otras corporaciones que pudieron estar presentes o enteradas de los hechos", dice el director del centro de DDHH.
"No se trata de un señalamiento al Ejército sino de un conjunto de elementos que suponen una operación coordinada con omisiones", puntualizó el responsable del organismo humanitario que lleva el nombre de un jesuita fusilado a principios del siglo XX, sin juicio, acusado de conspiración, Agustín Pro.
La negativa expresada por el general Salvador Cienfuegos corresponde a "concepciones anquilosadas sobre el significado de nuestra soberanía rebasada hace dos décadas por el Derecho Internacional".
El general Cienfuegos sostiene que la noche de la masacre —que según las pesquisas federales fue cometida por policías confabulados con narcotraficantes confesos que afirman haber asesinado, calcinado y lanzado los restos a un río-: "el comandante del Batallón (de Iguala, Guerrero) habló con el director de Seguridad Pública municipal, le pregunto qué había; le dijo: no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos".
"Eso le dijo el Director de la Policía que anda huyendo –dijo el general en entrevista con la cadena Televisa-, se le habló al de la Policía Estatal (de Guerrero): 'no vamos a participar –dijo- si no me giran la instrucción de participar'; bueno, ¿entonces que esperan?", argumentó Cienfuegos.
