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Argentina vs "fondos buitre": 14 años de un litigio que apenas comienza

© AP Photo / Natacha PisarenkoArgentina vs "fondos buitre": 14 años de un litigio que apenas comienza
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La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pronuncia el último discurso de su mandato ante la Asamblea General el mismo día que en su país el Senado discute un proyecto para incorporar una decisión de la ONU sobre la reestructuración de la deuda soberana.

Constituye una victoria para una mandataria que lleva desde 2004 denunciando los procedimientos de los fondos buitres.

Argentina lleva 14 años de litigio con los fondos especulativos por la reestructuración de una porción de la deuda contraída hasta la grave crisis del año 2001. Estos fueron los principales episodios de un conflicto que continúa:

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Durante la crisis Argentina entró en el mayor cese de pagos de la historia moderna mundial, declarando la suspensión de pagos de su deuda soberana, que en ese entonces llegaba a los 102.000 millones de dólares.

Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, Argentina llevó a cabo el primer canje masivo, una reestructuración con importantes quitas y plazos más largos, aceptada por casi la mitad de los tenedores de bonos.

Ya con Cristina Fernández como presidenta, en 2010 se presentó el segundo canje.

Un 66 por ciento de los fondos que habían rechazado el canje en 2005 accedió esta vez a la reestructuración de la deuda. Argentina refinanció sus bonos por 12.067 millones de dólares, y logró una quita del 65 por ciento.

En total, los tenedores del 92,4 por ciento de los fondos aceptaron los canjes impulsados por el Gobierno.

Primeros obstáculos 

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Del siete por ciento restante, solo un uno por ciento acudió en un principio a los tribunales de Nueva York para exigir el desembolso del 100 por ciento de la deuda contraída antes del cese de pagos.

En 2012 comenzaron a aparecer los primeros obstáculos.

En octubre de ese año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó que Argentina había discriminado a los bonistas que habían rechazado los canjes.

Ese mismo mes, la Fragata Libertad de la Armada argentina fue retenida en Ghana por un recurso de amparo presentado por el Grupo NML Capital, un fondo con sede en las Islas Caimán, que no había entrado a los canjes de 2005 y 2010.

Luego de permanecer más de dos meses retenido en el país africano, el Tribunal Internacional del Derecho al Mar, obligó a Ghana a liberar el navío.

Thomas Griesa

En noviembre de 2012, el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, sentenció que Argentina debía pagar el 100 por ciento de la deuda a los acreedores que habían quedado fuera del canje.

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Ello suponía para el país un desembolso de 1.330 millones de dólares, más intereses.

En 2013, la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo de primera instancia de Griesa.

Argentina apeló la decisión del magistrado en 2014, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó el recurso del país sudamericano, por lo que el caso volvió a manos del juez Griesa, quien dictaminó que Argentina debía cumplir con la sentencia anterior.

Ese mismo año Argentina realizó un depósito por más de 1.000 millones de dólares para saldar una deuda reestructurada.

La justicia estadounidense automáticamente frenó ese pago a los bonistas que formaban parte del canje, aunque no embargó el dinero.

Comenzaron así distintas negociaciones entre ambas partes, pero Argentina aclaró desde el comienzo que no podía acatar la sentencia; de hacerlo incumpliría la cláusula Derechos Sobre Futuros Oferentes (RUFO) con los fondos que habían aceptado el canje y podría ser objeto de nuevas demandas.

En julio de 2015, Griesa decidió que todos los bienes del Gobierno argentino en los Estados Unidos podían ser considerados comerciales, con excepción de los militares y diplomáticos, permitiendo así que el patrimonio argentino pudiera ser embargado a petición de los fondos buitre.

Lo cierto es que el país confirmó que solo tenía bienes diplomáticos en territorio estadounidense, así que la opción del embargo no tenía efectos prácticos.

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Finalmente, el 10 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un documento compuesto por nueve principios, que da marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuración de deudas soberanas.

Los principios son: soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.

El documento recibió el voto favorable de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron y otros seis votaron en contra (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón e Israel).

Una semana después se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que rechazaba la decisión del magistrado estadounidense de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos en euros que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 y demandaron a Argentina por la deuda impaga.

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