Esos retrocesos se vivieron en Uruguay en 2008, "durante el mandato del primer presidente de izquierdas de este país, Tabaré Vázquez, que vetó los capítulos sobre el aborto" de una ley sobre salud reproductiva, describió Abracinskas.
"Está pasando también con el presidente (Rafael) Correa en Ecuador, con (Daniel) Ortega en Nicaragua e incluso con (Michelle) Bachelet en Chile, quien si bien quiere impulsar más cambios, (encuentra que) el contexto de su fuerza política es muy mezquino" en esta materia, agregó Abracinskas en diálogo con Sputnik Nóvosti.
"Hay avances en general; se habla del aborto en los medios de comunicación, y los derechos sexuales y reproductivos están en la agenda pública, pero no se ha traducido (esto) en un cambio en las legislaciones; de ahí derivan miles de dificultades para que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos", agregó Dides a esta agencia.
En un encuentro feminista celebrado en 1990 en Argentina, organizaciones regionales instauraron el 28 de septiembre como Día Internacional por la Despenalización del Aborto, mientras en América Latina la mayoría de las mujeres que abortan siguen recurriendo a métodos clandestinos e inseguros.
En todo el mundo, ocho por ciento de las muertes se deben a abortos inseguros, indica el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
"Nuestra lucha en la región se centra en conseguir que las condiciones sean buenas para lograr un aborto seguro", aseveró Dides.
En 2008 se realizaron 4,4 millones de procedimientos para interrumpir embarazos en América Latina, el 95 por ciento de ellos de manera clandestina e insegura, según la última investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher.
Panorama desigual
Uruguay, la capital de México y Cuba despenalizaron la interrupción del embarazo, pero incluso en esos lugares el acceso a los servicios es complicado.
Pero "el delito de aborto se sostiene; lo que se modificó es la posibilidad de no aplicar la pena si la mujer cumple con una serie de condicionamientos administrativos", indicó Abracinskas.
Esos trámites implican acceder a una consulta de un equipo multidisciplinario y tomarse un periodo de cinco días de reflexión.
La ley habilita la objeción de conciencia de los profesionales ginecológicos que no quieran participar en la práctica de abortos, pero su aplicación ha complicado el acceso rápido y oportuno al aborto cuando una mujer lo requiere.
MYSU, que monitorea las políticas públicas, ha observado que "existe un abuso de la objeción a la ley para no brindar los servicios", dijo Abracinskas.
"En un Estado laico como Uruguay es incomprensible que tengamos muchos lugares del país con el 80 por ciento e incluso 100 por ciento de los profesionales objetores", lamentó.
De esta forma, "las mujeres que quieren abortar tienen que ser trasladadas cientos de kilómetros para que se les prescriba una medicación porque los profesionales de ginecología de su entorno son objetores de conciencia", añadió.
Menos derechos
En el Código Penal que Ecuador aprobó en 2014, solo se aceptaron como excepciones para despenalizar la interrupción del embarazo cuando este pone en peligro la vida de la madre y cuando es consecuencia de una violación a una mujer que padece discapacidad mental.
Sin embargo, en el primer debate parlamentario del Código se había incluido la despenalización del aborto ante un embarazo causado por cualquier tipo de violación sexual. Cuando una legisladora oficialista intentó reintroducir esa propuesta, el presidente Correa amenazó con renunciar.
Argentina y Brasil permiten abortar cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre o ante una violación, mientras que en Bolivia solo este último caso exime del castigo.
El proyecto para permitir el aborto terapéutico en tres circunstancias fue aprobado este mes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile.
Esas circunstancias son cuando peligra la vida de la madre, cuando el feto padece alteraciones que lo hacen inviable y en caso de violación.
Esas tres mismas causales son las que reconoció la Corte Constitucional de Colombia en 2006.
Para Dides, "el aborto no se ve como un derecho de la mujer" y en ello "ha influido la jerarquía católica".
En Honduras, El Salvador y Nicaragua el aborto está penalizado en toda circunstancia con penas de prisión de dos a ocho años.
Daniel Ortega, el otrora comandante de la Revolución Sandinista de Nicaragua, penalizó totalmente el aborto en 2007, cuando fue investido presidente.
"En Nicaragua ha habido un franco retroceso. Se eliminó el aborto terapéutico del código penal e introdujeron la defensa del neonato, otorgando derechos constitucionales a algo inexistente", lamentó María Jesús Tenorio, integrante de la comisión nicaragüense de la regional Campaña 28 de Septiembre.
Los abortos inseguros aumentan así, continuó Tenorio.
"El aborto ilegal es la tercera causa de muerte materna en Nicaragua. Si fuera legal, sería evitable, por eso es urgente despenalizarlo", dijo la activista a Sputnik Nóvosti.
"Las consecuencias de la ilegalidad recaen, principalmente, en las mujeres pobres y jóvenes", observó Tenorio, ya que quien tiene recursos "puede irse a otro país y no tener que recurrir al aborto ilegal".
En Nicaragua "a las mujeres nos han devuelto del espacio público donde estábamos al privado: nos mandan a la casa, a cuidar al marido y a los hijos y a ocuparnos de todo lo doméstico", juzgó la activista.
"El patriarcado nos ha destinado a ser cuidadoras de todos, menos de nosotras mismas", sentenció.
