Además de los casos más evidentes, como portar armas químicas o nucleares, el proyecto de ley aprobado también considera terrorismo "sabotear el funcionamiento o apoderarse con violencia" de medios de transporte, hospitales, escuelas, estadios y otras instalaciones públicas.
El texto, que tramitaba en el Congreso Nacional desde 2013, cuando se produjeron manifestaciones en todo Brasil, ha sido rechazado por los partidos a la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) por considerarlo demasiado restrictivo.
"Si dejamos un texto amplio y genérico la interpretación la hará la cabeza de quien juzgue", dijo, y se preguntó: "¿Quemar un autobús como protesta por los crímenes en las favelas es un acto terrorista?", según recoge la prensa local.
Los partidarios de la ley defienden, no obstante, que el texto ya incluye unas cláusulas en las que se define expresamente que los movimientos sociales están fuera de estos supuestos.