"El Congreso de la República se ha puesto del lado de la corrupción y de la impunidad; es una acción lamentable. Es algo que ya esperábamos, pero no nos va a bajar la moral, vamos a seguir luchando", aseguró Ariel Varela, miembro de este movimiento ciudadano.
Estos sectores opositores reclaman el fin de la corrupción en Honduras y piden que se instale en el país una CICI, similar a la que funciona desde hace años en Guatemala por acuerdo con la ONU.
Al tratarse de un asunto constitucional, según establece la Ley de Participación Ciudadana, la decisión de convocar un plebiscito requería una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso, pero tan solo consiguió 55, de los bloques del Partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Anticorrupción de Honduras.
Según publicó la prensa local, los 66 votos en contra procedieron del gobernante Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, de Unificación Democrática, así como de algunos legisladores del Partido Liberal y de Libre.
Varela criticó que fuera "un acto meramente político para evidenciar de qué lado estaba cada uno de los diputados" y no uno que buscara realmente la instalación de la CICI en Honduras.
"No confiamos en que sean los políticos que nos gobiernan los que vayan a darnos una respuesta. La solución no pasa por sectores ni líderes políticos tradicionales, sino por la voluntad del pueblo hondureño que ya se ha expresado en las calles y que rechaza lo que está haciendo el Gobierno", manifestó.
Desde que saliera a la luz el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, un desfalco de 350 millones de dólares que involucra al gobernante Partido Nacional (conservador), miles de personas han salido a las calles para protestar en todo el país.
Como cada viernes, para el día 7 hay convocada una nueva marcha hacia la sede de la ONU en la capital, Tegucigalpa, para "pedir una respuesta ante las miles de firmas" que el movimiento de oposición indignada entregó solicitando la instalación de la CICI en el país.
Los activistas confían en que "el peso político" de la ONU pueda "hacer entrar en razón al Gobierno de Juan Orlando Hernández", ya que depende del presidente que dicha comisión pueda comenzar a funcionar en Honduras.
