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Presiones mineras amenazan proyecto de ley para proteger los glaciares de Chile

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Las presiones de empresas mineras sobre el Gobierno de Chile ponen en peligro una iniciativa legal para proteger los glaciares, cuya definición está empantanada desde hace meses en el parlamento, indicaron fuentes consultadas por Sputnik Nóvosti.

Estas presiones obedecen a "que la minería está empecinada en avanzar destruyendo los ecosistemas. Nosotros decimos que hay formas de desarrollo que se pueden llevar a cabo sin dañar los glaciares, que representan la seguridad hídrica del país", sostuvo Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile.

El proyecto, presentado en mayo del año pasado, sigue indefinido en la Comisión de Medio Ambiente, donde se han expresado tres posturas.

La primera, que encabeza el Gobierno, busca proteger solamente los glaciares que se encuentran en Parques Nacionales, mientras el resto podrían verse afectados por actividades productivas, según lo decida un comité ministerial.

La segunda corresponde a un grupo de diputados oficialistas que aspiran a proteger a todos los glaciares declarándolos reservas estratégicas de agua, pero dejando abierta la posibilidad de afectarlos mediante reclamos judiciales.

La tercera es la postura ambientalista: que la ley declare intocables a todos los glaciares y que proteja el entorno que los conserva.

El diputado Daniel Melo, impulsor del proyecto de ley, aseguró que "no vamos a legislar a favor de las presiones de ciertos sectores del mundo empresarial" al tiempo que destacó el compromiso adquirido por la presidenta Michelle Bachelet, quien anunció su apoyo a la iniciativa en el mensaje presidencial de mayo de 2014.

"Chile cuenta con un 62% de la superficie glaciar de toda América Latina, por tanto, tenemos una responsabilidad muy grande. En la Cámara de Diputados tenemos que seguir legislando y el Gobierno debe poner todo de su parte para que esta ley siga avanzando", dijo Melo en diálogo con Sputnik Nóvosti.

Posturas diferentes

Lo que reclama Greenpeace es que se protejan todos los glaciares del país "y no solo los que se encuentran en Parques Nacionales, como propone el Gobierno".

"La mayoría de los glaciares se encuentran en el centro y norte del país, donde se concentra gran parte de la población, y muchos de ellos no están en Parques Nacionales. La ley que propone el Gobierno no estaría protegiendo nada diferente al radio de protección que actualmente tienen los glaciares", continuó González.

La ecologista Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, en declaraciones recogidas en el portal de Greenpeace añadió que la iniciativa legal "condena a todos los demás (glaciares) a estar sujetos a evaluaciones de impacto ambiental" y a que puedan ser intervenidos, salvo aquellos que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad califique como "reservas estratégicas de agua".

La ONG ambientalista considera que en un escenario de cambio climático como el actual, la única alternativa al abastecimiento de agua en regiones especialmente afectadas por la sequía son los glaciares y confía en que el Gobierno cambie su posición.

"En los meses de verano en las zonas centrales del país, el 70% de los caudales de los ríos vienen precisamente del deshielo de los glaciares. El Gobierno va a tener que comprender que tiene que protegerlos para poder asegurar una de las bases fundamentales de cualquier desarrollo económico, ya que sin agua no es posible el progreso", insistió González.

Sin embargo, por el momento Greenpeace "solo ha visto señales por parte del Gobierno que buscan dilatación en el tiempo y proteger aspectos que ya están protegidos".

La ONG también reclama la protección del entorno de los glaciares, extendiéndola hasta dos kilómetros, a diferencia de los 500 metros que propone el Ejecutivo de Bachelet.

"Queremos que se entienda por entorno todas las condiciones que favorecen la manutención de un glaciar", indicó González.

Greenpeace asegura que el proyecto del Poder Ejecutivo reconoce a los glaciares como proveedores de servicios ecosistémicos, considerándolos bienes nacionales de uso público y prohibiendo solicitar derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos.

De momento, la discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados se centra en definir qué es el entorno y la reserva estratégica del glaciar.

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