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    Un coche patrulla de la policía militar mexicana (Archivo)

    ONG exige castigo por "ejecuciones sumarias" en masacre de Tlatlaya en México

    © AFP 2017/ Yuri CORTEZ
    América Latina
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    La masacre de Tlatlaya, perpetrada hace un año en el centro de México, debe culminar en el castigo de los militares que hayan cometido "abusos del uso de la fuerza", dijo el martes a Sputnik Nóvosti la directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro.

    "Hace un año advertimos sobre la necesidad de realizar una investigación imparcial, expedita y pronta" del extraño evento, dijo la responsable humanitaria, a quien le pareció sospechoso que una patrulla militar hubiese exterminado a 22 sicarios con saldo de un soldado ligeramente herido, en una patrulla de ocho militares.

    Las investigaciones del Ombudsman nacional y de una comisión del Congreso federal reveló que a 350 km de la capital, en una bodega de un pueblo del vecino Estado de México, Tlatlaya, habrían sido ejecutados al menos 12 sicarios, quienes se habrían rendido en un choque armado saldado con 22 pistoleros muertos.

    "Estamos esperando un reporte oficial detallado sobre ese enfrentamiento en el cual el Ejército mató a 22 civiles armados y sólo sufrió un herido. No se han presentado evidencias", comentó Culebro con escepticismo en aquella ocasión consultada por Sputnik Nóvosti, a pocas horas de emitido el parte militar.

    El argumento era simple y claro: "Tenemos una preocupación porque no se cometan ejecuciones extrajudiciales, desde que el Ejército y las fuerzas federales se hna involucrado en acciones de Seguridad Pública en el marco de la lucha contra el narcotráfico", explicó aquel día la directora del IMDHD.

    Una año después afirma: "Hace cuatro años fue reformada la Constitucional en materia de derechos humanos y hace un año ocurrieron las ejecuciones extrajudicial en Tlatlaya por parte de ocho militares; es lamentable que la investigación sobre lo que realmente sucedió aún no está concluida", dijo Culebro vía telefónica.

    Desde aquella declaración, una larga lista de instituciones se han involucrado en la investigación, indica la directora de IMDHD: la procuraduría general de la República, la secretaría de la Defensa, la Procuraduría Militar, la Procuraduría del Estado de México, y a Comisión Especial de Atención a Víctimas y el organismo autónomo federal Comisión Nacional de Derechos Humanos, y organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.

    "Ha pasado un año y no hay resultados, a pesar de que el testimonio de una mujer sobreviviente apunta a que al menos 12 de los 22 presuntos delincuentes se rindieron, sólo la prensa extranjera pudo penetrar en el enigma", dice con desazón Culebro.

    En efecto, sus dudas de aquel día fueron recogidas por periodistas de la revista Esquire en español y la agencia de noticias Associated press (AP), quienes encontraron a una sobreviviente, que los soldados habían presentado como una mujer supuestamente rescatada de un secuestro aquella noche.

    "Ha habido una gran resistencia por parte de las autoridades militares para lograr el esclarecimiento y por lo tanto hacer posible la justicia", dice la dirigente del organismo de DDHH, quien ha dado cursos humanitarios a jefes militares y policiales.

    "Hace dos días el titular de la Defensa federal, general Salvador Cienfuegos, declaró que lamentaba las denuncias de los abusos de los militares desplegados en tareas de seguridad pública", recuerda Culebro.

    "Es una declaración gravísima y contradictoria a lo establecido en el Artículo Primero de la Constitución Mexicana, que establece el reconocimiento de los instrumentos y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como el principio de protección mayor para la persona", dice la dirigente humanitaria.

    "Los familiares de las personas ejecutadas –hasta el momento se tiene comprobada la ejecución de 12 de las 22– se encuentran indefensos", lamenta la experimentada promotora de los DDHH.

    "Esperamos del Gobierno y el Ejército más información sobre el enfrentamiento, debido a las sospechas que pesan sobre los militares de cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos", puntualiza.

    Al mismo tiempo reafirma su posición expresada el día que se conoció el parte militar: "Hace un año dijimos que teníamos una preocupación porque no se cometan ejecuciones extrajudiciales, desde que el Ejército y las fuerzas federales se ha involucrado en acciones de Seguridad Pública en el marco de la lucha contra el narcotráfico, y seguimos esperando", señaló.

    Meses después de la tragedia, el 18 de septiembre del año pasado, una investigación de la revista Esquire Latinoamérica refutó con testimonios la versión oficial, según la cual los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban, quienes al repeler el ataque los mataron a todos.

    Dos meses después de la masacre, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial entrevistada por Esquire, dijo: "fueron los soldados quienes dispararon primero, los presuntos delincuentes respondieron, y sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento, los demás se rindieron. En las horas siguientes, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron".

    Los soldados pedían que se rindieran y los muchachos –dijo- decían que les perdonaran la vida: "Entonces (los soldados) dijeron ¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos? (…) Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron", prosigue el reportaje.

    Periodistas de la agencia estadounidense Associated Press localizaron después a "Julia", y el escándalo creció.

    El ombudsman federal (Comisión Nacional de DDHH) y una investigación del Congreso concluyeron que en el caso hubo ejecuciones sumarias, como sospechaba Rocío Culebro. Mientras tanto, "Julia" "vive ahora atemorizada y desprotegida, su vida corre peligro", denunció la directora del IMDHD.

    Etiquetas:
    Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, Tlatlaya, México
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