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    Escasas reacciones de América Latina al informe de derechos humanos de EEUU

    © REUTERS/ Edgard Garrido
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    El informe que cada año publica el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el respeto a los derechos humanos en el mundo despertó escasas réplicas en América Latina y ninguna por parte de Cuba, a la que dedicó un extenso capítulo.

    Según el Departamento de Estado, América Latina adolece en general de corrupción, impunidad, limitaciones a la libertad de expresión y falta de independencia de la justicia.

    La cancillería estadounidense, además, colocó a Cuba y a Venezuela en una lista de 20 países a los que atribuye la violación sistemática de los derechos humanos.

    El reporte sobre Cuba "no difiere mucho del publicado el año pasado, tiene casi igual extensión y toca la mayor parte de los mismos temas", dijo a Sputnik Nóvosti el director de programas de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Geoff Thale.

    En el contexto de las actuales negociaciones entre Washington y La Habana, las opciones del Departamento de Estado (cancillería) eran "producir un reporte menos crítico", o bien optar por "uno aún más duro, con el fin de persuadir a la oposición interna estadounidense de que la administración no ha renunciado a sus preocupaciones sobre los derechos humanos en Cuba", conjeturó el experto.

    Tema: Normalización de las relaciones entre Cuba y EEUU

    Pero el Departamento de Estado mantuvo una posición inalterable.

    Sin embargo, Thale no cree "que las críticas descarrilen el diálogo en marcha".

    Es probable que "al gobierno cubano no le guste el informe y que tenga algunas cosas duras para decir sobre él y sobre la decisión estadounidense de dedicarse a evaluar los derechos humanos de los demás", abundó.

    Hasta ahora, ni el gobierno ni los órganos estatales de prensa de Cuba han emitido comentarios.

    El Departamento de Estado señala que en 2014 se registraron casi 9.000 "detenciones arbitrarias", y que el gobierno empleó "amenazas, asaltos físicos, intimidación, contramanifestaciones violentas" contra "la disidencia pacífica, acoso y detenciones para restringir los derechos de expresión y asamblea".

    Pero también admite que, luego del anuncio de reanudación de las relaciones bilaterales, en diciembre de 2014, el gobierno cubano dispuso la libertad de 53 "presos políticos" y saludó la decisión de invertir más en telecomunicaciones abriendo "la posibilidad de mayor acceso a Internet".

    Thale puntualizó que "ambas partes han iniciado un diálogo sobre derechos humanos, como parte de la negociación, y las discusiones van a continuar en ese ámbito".

    Los dos gobiernos "reconocen que tienen desacuerdos y ninguno espera que estos terminen por arte de magia porque estén avanzando hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas", observó.

    "Creo que las dos partes están cerca de abrir las respectivas embajadas y espero que esto ocurra muy pronto", concluyó.

    En la misma línea se manifestó el jueves el secretario de Estado adjunto para los Derechos Humanos, Tom Malinowski: "relacionarnos con Cuba no es lo mismo que respaldarla".

    México

    Sobre su vecino, México, el gobierno estadounidense destacó "la implicación de la policía y los militares en graves abusos", a menudo impunes, y mencionó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, perpetrada en septiembre de 2014, que permanece sin aclarar.

     

    La coordinadora del programa de México y Derechos de Migrantes de WOLA, Maureen Meyer, señaló las consecuencias que puede tener este informe en el apoyo financiero que Estados Unidos presta a su vecino para la lucha antidrogas, conocido como Iniciativa Mérida.

    El documento "habla claramente de graves problemas de derechos humanos en México, como la tortura, las ejecuciones y las desapariciones, aparte de la impunidad que existe para la mayoría de los casos", dijo Meyer en un comunicado enviado a Sputnik Nóvosti.

    En su opinión, "este diagnóstico hace difícil que el Departamento de Estado pueda informar al Congreso que México está cumpliendo con los requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida". 

    Además, la experta consideró "preocupante que en casos emblemáticos como la masacre (de 22 personas) en Tlatlaya (en junio de 2014), el informe omita" mencionar "los intentos de la Secretaría de la Defensa Nacional de encubrir los hechos y la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que por lo menos 12 de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los soldados".

    Enrique Peña, presidente de México
    © Foto: Presidencia de México

    Además, criticó Meyer, el informe parece "adoptar de hecho la versión del gobierno sobre la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, a pesar de varias dudas sobre la investigación gubernamental".

    Tal parece que, "en estos casos sensibles, al gobierno de Estados Unidos le importa más quedar bien con el gobierno mexicano que hablar honestamente sobre la crisis de derechos humanos que existe en el país", concluyó.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se limitó a emitir un escueto comunicado señalando que si bien "en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el gobierno considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión".

    Venezuela

    A pesar de que Venezuela fue incluida por el Departamento de Estado en la lista de países que violan sistemáticamente los derechos humanos, no hubo pronunciamientos oficiales de Caracas al respecto.

    "El gobierno empleó el poder judicial para intimidar y procesar selectivamente a líderes políticos, de la sociedad civil, de los sindicatos y del sector privado que son críticos de las políticas y de las acciones gubernamentales", dijo el informe.

    Luego de las tensiones entre los dos países, Washington y Caracas abrieron hace unos meses un espacio de diálogo, y el 15 de junio el presidente venezolano Nicolás Maduro comentó a la prensa que el último contacto en este "canal de diálogo muy importante" se mantuvo en Haití el sábado 13.

    Colombia

    Respecto de Colombia, el documento del Departamento de Estado da cuenta de "la impunidad, la ineficacia del sistema judicial, los desplazamientos forzosos, la corrupción y la discriminación" contra los afrodescendientes en ese país que lleva 51 años de conflicto armado interno y suma seis millones de desplazados por la guerra.

    En respuesta, el consejero presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Guillermo Rivera, se limitó a señalar que "valoramos el hecho de encontrar más reconocimientos que preocupaciones en el informe, al igual que se registran avances cualificados respecto del informe del año 2013".

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    Etiquetas:
    Guillermo Rivera, Geoff Thale, Colombia, América Latina, Venezuela, Cuba, EEUU, México
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