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    El Congreso de México pide investigar compra ilegal de armas a Alemania

    El Congreso de México pide investigar compra ilegal de armas a Alemania

    © AP Photo/ dpa, Arno Burgi,File
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    El Congreso de México solicitó este miércoles al Gobierno del presidente Enrique Peña una investigación federal sobre la presunta compra ilegal de armas a Alemania entre 2003 y 2011, para "deslindar las responsabilidades que correspondan".

    La Comisión Permanente —que encabeza el Congreso en tiempos de receso legislativo— acordó hacer un pedido formal al poder Ejecutivo debido a que muchos hechos violentos ocurridos en los estados de Jalisco, Guerrero y Chiapas están relacionados con esas armas cuya venta a México estaba prohibida en Alemania, por una ley que impide vender armamento a lugares donde se violen los Derechos Humanos.

    Los episodios de violencia en esos tres estados, azotados por el crimen organizado y el narcotráfico, "están relacionados con armas de tráfico ilegal, mismas que llegan a nuestro país sin que se determine responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervinieron en la comisión de este delito", indica el acuerdo legislativo multipartidista dirigido a la Procuraduría General de la República y a la secretaría federal de Hacienda (Finanzas).

    Denuncias originadas en investigaciones de pacifistas alemanes anti-armamentistas señalan que entre 2003 y 2011 —durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderon—, la empresa alemana Heckler & Koch habría enviado sin autorización oficial 4.767 fusiles de asalto HK G36 oficial a Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

    "Es necesario que se realicen las investigaciones para eliminar la impunidad y determinar la responsabilidad administrativa civil o penal de los particulares, servidores públicos o funcionarios involucrados en el caso", dijo el máximo órgano permanente del Congreso.

    En las consideraciones que condujeron al dictamen, los legisladores señalan que "el incremento en las cifras de personas asesinadas o lesionadas por arma de fuego, nos confirma la gravedad de una situación que paulatinamente va dejando ver toda su crudeza".

    Los senadores y diputados, aclararon que el Estado mexicano hace esfuerzos para establecer "acuerdos internacionales que controlen el trasiego de arsenales cada vez más frecuentes e indispensables".

    Jurgen Grasslin, el demandante legal en Alemania de Heckler & Koch (H&K), fabricante alemán que vendió ilegalmente fusiles G-36 a México, relató en mayo pasado a Sputnik Nóvosti cómo descubrió el tráfico y las consecuencias para cinco acusados en el caso que ha entrado en su fase final.

    El pacifista alemán es autor de la obra "El libro negro del comercio de armas" (2013) galardonado con el premio de la Paz de Aquisgrán, quien obtuvo el testimonio de un ex-empleado del gigante alemán del armamento, un hombre que entrenó ilegalmente a policías mexicanos en el uso del fusil automático de asalto G-36, uno de los más mortíferos por su munición de 7,62 mm de largo y 0,51 mm de diámetro.

    H&K, el mayor constructor europeo de armas violó una prohibición de las leyes alemanas al menos entre 2005 y 2007, dijo el testigo pacifista: vendió miles de fusiles de asalto a México, y la mitad de ellos fueron a parar cuatro estados mexicanos en donde las autoridades alemanas habían prohibido el suministro, por vivir conflictos internos, Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Tabasco (una lista de destinos distinta a la del congreso de México).

    Grasslin, veterano crítico del negocio de la venta de armas en el mundo, presentó en abril de 2010 la demanda penal —que está en su fase final en Alemania- y revela cómo H&K exportó 9.625 fusiles de asalto G-36 a México, mediante un permiso de exportación que restringía el suministro de armas a fuerzas policiales a esos cuatro estados, en donde las autoridades alemanas consideran que se ha cometido violaciones a los Derechos Humanos.

    La contraparte del negocio ilegal, según la demanda, fue la dirección de comercialización de armamento de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que envió la mitad de ese armamento a esos cuatro estados; y según Grasslin, el general Huberto Aguilar cobró entre 20 y 25 dólares como comisión por cada fusil comprado.

    La Policial Criminalista de Colonia anunció a principios de mayo que ha enviado el dictamen de la investigación a la fiscalía de Stuttgart —donde está la sede del fabricante alemán, en el pintoresco poblado de Oberndorf.

    El fiscal alemán de la causa ha anunciado que la decisión entró en su fase final y estará lista en el verano boreal, cuando podría presentar cargos con los responsables ante la Corte Penal de Asuntos Económicos.

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    Etiquetas:
    armas, G36 (fusil), Alemania, México
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