El informe "El Adolescente en Conflicto con la Ley y el Debate sobre la Reducción de la Edad Penal", de Enid Rocha y Raissa Menezes, señaló que en 2013 al menos 23.100 menores estaban cumpliendo penas en diferentes centros de reeducación del país, de los que el 64%, unos 15.200, el régimen más estricto de internamiento.
Un dato que por sí mismo sería suficiente, señalan los críticos, como para echar por tierra las acusaciones de los diputados del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), impulsor del proyecto en el Congreso Nacional, sobre la supuesta impunidad de los menores delincuentes en Brasil, y cuyos argumentos serían apoyados por el 87% de la población brasileña, según la encuesta Datafolha.
Según el IPEA, el 95% de los menores recluidos en Brasil eran de sexo masculino, mientras que, de éstos, más del 60% serían de raza negra, el 66% procederían de familias consideradas como extremadamente pobres, el 51% no habría conseguido culminar la educación básica y el 49% no habrían conseguido su primer empleo.
Todos estos datos señalarían, según los comentaristas brasileños, factores de desigualdad social por detrás de las cifras de jóvenes delincuentes en Brasil.
De hecho, el 40% de los jóvenes responderían a delitos de robo y un 23,5% al tráfico de drogas, actividad común en los suburbios (favelas) de las grandes ciudades de Brasil, donde las facciones criminales reclutan a los menores para sus actividades de venta y control del territorio.
Únicamente el 8,75% de los menores internados habrían sido acusados de homicidio, siendo éste un delito minoritario entre los jóvenes en contra de los defendido por los partidarios de la reducción de la edad penal.
Por último, el estudio reveló la eficacia de las medidas socioeducativas en medio abierto, como la libertad asistida o la prestación de servicios sociales en la comunidad, como "posibilidades reales de resocialización de menores en conflicto con la ley".
El informe también recuerda que para combatir la violencia y criminalidad en Brasil "sería necesaria la promoción de los derechos fundamentales y el Estatuto del Niño y el Adolescente", el cual establece la educación, salud, deporte, cultura, ocio y vida en familia como verdaderas herramientas contra la criminalidad prematura.
