El testimonio de Sergio Aguayo, uno de los analistas independientes más respetados resume los dilemas y el desencanto de la sociedad mexicana, aún para los más racionales: "Me costó un trabajo enorme porque tenía sentimientos encontrados; voté, anulé y me sentí liberado", escribió el académico del prestigioso Colegio de México en su cuenta de Twitter.
Casi la totalidad de centros de votación en los comicios para elegir 500 miembros de la Cámara de Diputados, un millar de alcaldías y nueve gobiernos provinciales fueron instalados en México, anunció en tono triunfal la autoridad electoral, ante la expectativa de su capacidad para enfrentar el desafío como nuevo árbitro tras una reforma política reciente.
Un 99,5% de unas 128,700 centros de votación en 300 distritos fueron instalados, dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova.
Para las dimensiones de un país en el cual 83,5 millones de electores fueron convocados, la declaración tuvo un aliento triunfalista: "En todos los estados del país se está celebrando con normalidad la elección, para lo cual se han tenido que superar diversos desafíos técnicos y políticos", dijo Córdova.
Un 0,05% de fracaso electoral parece insignificante, pero si se cuenta bien se transforma en unas 6.500 casillas de votación, y estas cobran más significado si se considera que se localizan en los focos rojos de los comicios encendidos en cuatro de los 32 estados de la federación mexicana: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En esa franja montañosa del centro sur del país que se recuesta sobre el Pacífico, la población vive en un clima de incertidumbre, es una de las regiones más pobres del país, ocupada por el crimen organizado como ruta del narcotráfico hacia EEUU, sembrar amapola y marihuana, y la violencia ha arruinado uno de los destinos turístico más emblemático del país, Acapulco.
Sin aparente conexión con los comicios, el cotidiano recuento de la violencia dejó un saldo de 16 personas muertas en un enfrentamiento armado en el municipio Acapulco, Guerrero, entre presuntos delincuentes y policías comunitarios, a pocas horas de la elección.
El máximo responsable de la autoridad electoral sabía que un boicot, la violencia delincuencial y actos de desobediencia civil podrían ensombrecer la jornada, por eso ha dicho con énfasis: "la igualdad política de los ciudadanos, la necesidad de recrear la vida democrática y el ejercicio libre del sufragio son necesidades de nuestra joven democracia", dijo el titular del INE.
Las elecciones han transcurrido con una baja afluencia de votantes en un día lluvioso en el centro y el noroeste del país, y las acciones aisladas de boicot se han concentrado en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mediante la quema de urnas electorales.
Cuando acudió a votar, el presidente Enrique Peña sabía que las elecciones de medio mandato presidencial (2012-18) son una especie de test para sus tres años de gobierno y una proyección de los tres que le faltan: esta jornada debe ser "una reafirmación de nuestra democracia, a pesar de eventos aislados en algunas partes del país, resulta satisfactorio que la gran mayoría de casillas electorales se han instalado".
La decisión de aislar a quienes impulsan una especie de insurgencia ciudadana estaba en la mente del mandatario cuando invitó a que "los ciudadanos se expresen de manera libre en el ejercicio de su voto".
La poca afluencia de votantes ha sido registrada en estados donde las acciones de sabotaje fueron ejecutadas por inconformes con el clima de inseguridad y violaciones a los Derechos Humanos.
"La gente sale votar pero no en el promedio ni el ritmo que tradicionalmente salía, por los antecedentes del desgaste por las acciones callejeras en la semana previa", dijo el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. En ese mismo estado del sur del país, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, decidió cancelar la misión de la OEA por criterios de seguridad.
De acuerdo con los sondeos, el abstencionismo podría colocarse cinco puntos arriba de los registros históricos de este tipo de comicios y rondar el 60% de ausentismo.
"En México ocurre algo similar a lo que pasa en Chile o Brasil, una especie de síndrome de la clases medias, un malestar de la sociedad ligado a la emergencia de las clases medias más críticas en informadas", dijo a Sputnik Nóvosti el politólogo de la Universidad Iberoamericana, Rubén Aguilar.
En la sociedad mexicana "hay una malestar creciente contra el sistema político, y contra los políticos que lo gestionan, y este desencanto ciudadano es expresión de un nuevo estado de conciencia colectiva en busca de sentido", dijo el autor del libro La Sociedad Civil en México.
En 15 años tras la primera alternancia política en la Presidencia, una sociedad producto de un régimen de partido de Estado que era indiferente a los problemas públicos vive una nueva etapa de mucha mayor información y conciencia: "con esos elementos el electorado tiene un juicio mucho más crítico de la realidad en la que vive", dijo el autor.
Finalmente, la movilización popular para boicotear las elecciones federales en cuatro estados del sur de México expresa una "insurgencia ciudadana" similar al alzamiento indígena zapatista de hace dos décadas en Chiapas, para "hacer visible el fracaso de las instituciones", dijo a Sputnik Nóvosti el reconocido defensor de DDHH Abel Barrera.
"Se trata de una nueva insurgencia ciudadana, que apela a la protesta y a la toma de las plazas públicas, porque no hay formas de hacerse escuchar por el Estado", dijo el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollán.
La movilización popular con brotes de violencia, al destruir propaganda y sedes electorales, "no es irracional ni contra la ciudadanía, la racionalidad de la rebeldía ciudadana y de la ira está dirigida a increpar a las instituciones fracasadas que no atienden a una población desprotegida ante la violencia y el crimen organizado", dijo el líder ciudadano.
Unos 100 maestros y militantes de movimientos populares fueron arrestados por fuerzas federales combinadas por la destrucción y quema de urnas electorales en cuatro regiones de Oaxaca, denunciaron los inconformes.
En la capital homónima de Oaxaca unos 90 entre maestros y militantes sociales fueron detenidos por la gendarmería y han sido encarcelados en la sede de la procuraduría federal, mientras que las autoridades reconocen unos 60 arrestos.
