En entrevista con Sputnik Mundo, la directora de la ONG Human Rights Watch en Brasil, Maria Laura Canineu, denunció la utilización política de la "terapia de choque" empleada por el gobierno del presidente Joko Widodo en Indonesia y aseguró que su organización se encuentra presionando para detener las ejecuciones.
"La llamada terapia de choque contra el narcotráfico, desarrollada en Indonesia desde la llegada de Widodo al poder, ha resultado un fracaso. La criminalidad en el país no se ha reducido mientras que la corrupción endémica continua instalada en las instituciones", explicó la activista.
En concreto, Canineu señala las "evidencias de sobornos exigidos por funcionarios de la Justicia de Indonesia para la aplicación de penas menos severas" en el caso de los dos ciudadanos australianos, Myuran Sukumaran y Andrew Chan, así como las irregularidades en la acusación de la ciudadana filipina, Mary Jane Veloso, a quien HRW considera "una víctima de las redes del narcotráfico internacional".
La representante de la organización de DDHH, señaló que "Indonesia no solamente va a violar sus propias leyes ejecutando a un enfermo mental, sino que infringirá todos los acuerdos internacionales firmados por el país en los últimos años".
Por último, Canineu recordó que solamente el hecho de encarcelar en el corredor de la muerte durante varios años a Gularte, a pesar de informes médicos que revelaron su condición de esquizofrénico paranoide, "puede ser considerada una práctica de tortura según el derecho internacional".
El brasileño, detenido en 2004 al intentar introducir 6 kgs de cocaína en tablas de surf, podrá ser ejecutado en cualquier momento a partir de este martes junto a los otros ocho extranjeros (procedentes de Australia, Ghana, Filipinas y Brasil), después de haberse cumplido el plazo de 72 horas de hacerse público el veredicto.
