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Reforma constitucional en Brasil podría enviar a la cárcel a 32.000 menores por año

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Unos 32.000 menores podrían ser encarcelados anualmente en Brasil si el Congreso Nacional apruebe la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 171/93) que pretende la reducción de la edad de responsabilidad penal de los 18 a los 16 años, según el portal brasileño "G1".

A la cifra alarmante se suma el hecho de que el sistema penitenciario brasileño en la actualidad sufre una superpoblación del 55% con un total de 563.723 presos para un sistema cuyo número teórico de plazas es de tan solo 363.520, lo cual se traduce en condiciones de hacinamiento y precariedad en los presidios.

Además hay que tener en cuenta que los datos facilitados por el Ministerio de Justicia son muchas veces "obsoletos" y "poco realistas" por lo que la verdadera situación en las cárceles brasileñas podría ser mucho peor, según denunció la inspección en 2013 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU junto a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) que declaró al país como uno de los países" con mayor población encarcelada del mundo".

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Esta comisión señaló además que a la población reclusa de más de medio millón de personas se le debería sumar en los próximos años los 192.000 acusados con orden de búsqueda y captura en todo el país.

En declaraciones recientes a Sputnik Nóvosti, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Río de Janeiro y representante de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Aderson Bussinger Carvalho, afirmó que "la juventud de Brasil necesita más oportunidades y menos prisiones" y señaló el índice de reincidencia del 80% entre la población reclusa frente al 20% de quienes se acogen a programas de reinserción social.

Incluso la presidenta de la República de Brasil, Dilma Rousseff, se ha mostrado en contra del proyecto a pesar de que una reciente encuesta de opinión pública, Datafolha, arrojó que el 87% de la población de Brasil estaría a favor de la aprobación de un proyecto que lleva tramitándose desde 1993 y que está siendo impulsado por el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), el cual tiene un claro interés en ganar apoyo popular de cara a 2018.

"Sería un gran retroceso para nuestro país", aseguró Rousseff a principios de mes en su cuenta personal de la red social Facebook a la vez que recalcó que "reducir la edad penal no resolverá el problema de la delincuencia juvenil", aunque, eso sí, matizó "eso no quiere decir que esté a favor de la impunidad".

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