Cinco organizaciones ciudadanas de larga trayectoria unieron esfuerzos alrededor de la herramienta denominada "anticorruptómetro" para medir el tiempo que tarda cada congreso estatal de las 32 provincias mexicanas en aprobar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia.
"No tenemos tiempo que perder para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción. El "anticorruptómetro" nos permitirá exigir su aprobación y nos dará información sobre aquellos estados en los que no se tiene voluntad para acabar con el problema", dijeron los vigilantes sociales.
El presidente Enrique Peña Nieto aplaudió el miércoles el voto de ambas cámaras del Congreso a un nuevo sistema contra ese mal endémico en México como "un esfuerzo inédito en tiempos recientes para combatir y prevenir actos de corrupción en el ámbito público, y también a veces en el ámbito privado".
Peña manifestó su felicitación a los legisladores federales, senadores y diputados "por este logro y esta aportación al fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano".
Sin embargo, "la falta de voluntad política de los gobernadores" que tras la primera alternancia en el régimen surgido de la revolución mexicana de principios del siglo XX, en el año 2000, se convirtieron en enclaves del viejo autoritarismo, fue señalada por organismos civiles como un peligro para el avance de la ley en las asambleas regionales.
La sociedad civil dará seguimiento "en tiempo real a los días, horas, minutos y segundos que le toma a los estados aprobar el sistema", anunciaron los organismos entre los cuales está el Observatorio Económico México ¿cómo vamos?; México Evalúa, el Tecnológico de Monterrey y Mexicanos Primero.
"En países con altos índices de corrupción es más difícil calcular la rentabilidad en términos de crecimiento, pero en países menos corruptos hay menos riesgo, y por lo por tanto la rentabilidad es más predecible", advirtieron los organismos que han cuantificado en 20.000 millones de dólares las pérdidas anuales de México por la corrupción.
Tras una ola de desencanto y frustración expresada en las calles por la violencia, la corrupción de policías confabulados con el crimen organizado y la clase política, se ha abierto en México un rayo tenue de esperanza con esas nuevas leyes junto legislaciones contra la tortura y las desapariciones forzosas a manos de agentes del estado, exigidos por organismos internacionales.
