El nuevo sistema propuesto por el presidente de Enrique Peña al Congreso, era una de las carencias criticadas por la oposición al ambicioso paquete de reformas económicas estructurales, núcleo de la estrategia del gobierno, por la urgencia de prevenir, detectar y sancionar hechos de la arraigada y endémica corrupción en el país latinoamericano.
Este flagelo “no sólo repercute en la economía, sino que socava la legitimidad de las instituciones y afecta la posibilidad de desarrollo integral de los pueblos”, dijo el dirigente de ese partidos de centroderecha.
La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), Angélica de la Peña reclamó una reforma que elimine el fuero de los funcionarios, sobre todo el Presidente, “uno de los compromisos pendientes, porque la sociedad nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones”.
Entre las 128 curules senatoriales que integran la Cámara Alta del Congreso, hubo otras voces disidentes, como el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT, centroizquierda) quien deploró que en el nuevo sistema “el Presidente de la República seguirá intocado, pues no se le considera susceptible de responsabilidad administrativa y se le dota de impunidad”.
Otra senadora del PRD, Dolores Padierna, criticó que no se incluyera al Presidente como sujeto de investigación por corrupción, ni la eliminación del fuero constitucional ni la obligación de declaración patrimonial de servidores públicos.
El senador oficialista Daniel Amador, del gobernante PRI, defendió que las nuevas reglas para “acabar con este cáncer que lacera a la sociedad, son la solución para abatir la corrupción; porque es necesario cambiar el modelo y sancionar penalmente a quienes hagan mal uso de recursos públicos”.
La reforma ocurre en el marco de recientes escándalos de mansiones comparadas por el presidente, su esposa y miembros de su gabinete a contratistas del Gobierno han desatado una ola de críticas en la prensa nacional, medios extranjeros y el Congreso.
El país latinoamericano ocupa el lugar 103 de 174 naciones evaluadas por el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
