"Estamos preparando para el 19 o 20 de marzo un evento paralelo en el marco del 28º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, para tratar el caso del Sr. Assange, conjuntamente con el equipo de abogados liderado por el Dr. Baltazar Garzón y una ONG amiga", declaró.
Esta iniciativa se suma a las dos recomendaciones que realizó el gobierno de Ecuador a Suecia durante el último Éxamen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa el acatamiento de los países a las normas internacionales en este ámbito.
En concreto, la misión ecuatoriana le recomendó a Suecia "adoptar medidas para limitar el tiempo de prisión preventiva o situación equivalente de privación de libertad, sin formulación de cargos y con fines de investigación," y "agilizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional en los órganos judiciales y de la fiscalía, para garantizar el debido proceso, y específicamente en los supuestos en los que la persona afectada esté protegida por una decisión de asilo o el estatuto de refugiado".
Suecia rechazó la segunda propuesta y aceptó estudiar la primera en el lapso que le otorgan los parámetros de la EPU y que se extiende hasta julio próximo.
La embajadora María Fernanda Espinosa también reiteró que su gobierno mantiene la disposición a colaborar con las autoridades suecas en la investigación y está dispuesto a permitir que Julian Assange sea entrevistado bien sea a través de una video conferencia o través de la visita de funcionarios suecos a la embajada de Ecuador en Londres.
"La posibilidad de colaborar con las autoridades suecas se extendería a territorio ecuatoriano, llegado el caso", añadió.
Julian Assange, fundador y editor del portal de revelaciones Wikileaks, se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, luego de que el gobierno de Suecia solicitara su extradicción por presuntos delitos sexuales cometidos en ese país.
El “padre” de Wikileaks teme que si regresa al país escandinavo será extraditado a EEUU, donde podría ser condenado a pena de muerte por las filtraciones de documentos secretos norteamericanos que organizó en 2010.
Desde julio de 2010, Wikileaks filtró millones de documentos secretos, entre ellos los vinculados a la guerra en Afganistán, las torturas en Irak y Guantánamo, los relacionados con la empresa privada de seguridad Strartfor, así como correspondencia comprometedora de diplomáticos estadounidenses.
