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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Organizaciones civiles reafirmaron su recomendación a México y EEUU de eliminar el programa "Quédate en México", que ha obligado a migrantes a permanecer en territorio mexicano para una angustiosa espera indeterminada de sus solicitudes de asilo, dijo Miriam González, abogada de Instituto de Mujeres en la Migración.

    "Nuestra postura no es de confrontación con el Gobierno mexicano, sino de unificar esfuerzos para garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo bajo el programa 'Quédate en México', tenemos pistas de cómo hacerlo en nuestro informe 'En la boca del lobo', con una serie de recomendaciones", dijo la activista a Sputnik.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió el 17 de diciembre sobre el informe en un conferencia de prensa, done dijo que su Gobierno "protege y ayuda a migrantes", y que "todas las decisiones del tema migratorio se han tomado de forma soberana" en las negociaciones con el Gobierno de Donald Trump.

    Las negociaciones, que encabezaron el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el vicepresidente estadounidense Mike Pence, culminaron con la firma de un documento conjunto en Washington, el 7 de junio de 2019, tras amenazas de imposición de sanciones arancelarias estadounidenses si no eran contenidas las caravanas de indocumentados.

    El informe, subtitulado "Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México", invita a que ambas administraciones examinen los testimonios recogidos y pongan fin a los acuerdos migratorios que ponen en riesgo "la integridad y la vida de las personas solicitantes de asilo en la frontera norte de México".

    Tras esperar durante meses para presentarse ante jueces en tribunales estadounidenses, los extranjeros son devueltos al otro lado de la frontera con el consentimiento de las autoridades mexicanas, desbordadas por la crisis de decenas de miles de migrantes, la mayoría centroamericanos y caribeños.

    "A octubre de 2020 suman 68.392 personas, de acuerdo con datos de la Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por su sigla en inglés)", oficina federal que registra los procesos y condenas penales federales en Estados Unidos, indica el reporte elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México y el Imumi.

    Recomendaciones a Biden

    Las organizaciones recomiendan al presidente electo estadounidense Joe Biden, "cumplir con su promesa de campaña de desmantelar el programa 'Quédate en México' en los primeros cien días de su gobierno", reseña el documento enviado a las autoridades en Washington y la Ciudad de México, al cual tuvo acceso Sputnik.

    Decenas de miles de migrantes esperan la solución a sus procesos ante las cortes estadounidense, "que en el contexto de la pandemia anunciaron en marzo pasado la suspensión indefinida de las audiencias".

    A las autoridades mexicanas, las organizaciones les piden "romper con el acuerdo que obliga a las personas a permanecer en México, garantizar el acceso a servicios de salud y atención médica a dicha población en el contexto de la actual crisis sanitaria, y cumplir su promesa de brindarles empleo, educación y seguridad".

    En Estados Unidos, el programa es también conocido como Protocolos de Protección de Migración (MPP, por su sigla en inglés), un plan que según los especialistas que elaboraron la investigación, fue "impuesto por Estados Unidos y aceptado ese mismo día por el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador el 20 de diciembre de 2018".

    En numerosas declaraciones públicas, López Obrador se comprometió a brindar a los migrantes trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación.

    "No cumplió, cuarenta días después de aceptar dicho protocolo, el 29 de enero de 2019, fue devuelta por Tijuana la primera persona", según los documentos oficiales revelados por las pesquisas de los defensores de libertades civiles.

    El documento ofrece crudos testimonios que demuestran "la presencia de bandas criminales que someten a la población" que debería ser protegida al amparo de ese programa.

    El texto contiene numerosos registros y documentos de "actos de extorsión, secuestro, delitos sexuales, desaparición forzada, robos y asesinatos".

    "Si regreso a mi país me matan"; "salimos en la madrugada porque ya nos habían amenazado, dejamos todo"; "a mi hermano lo mataron"; "querían que me uniera a la banda"; "mataron a mi esposo y a mi hijo"; "se llevaron a mi hija", son frases repetidas por miles en los testimonios.

    Son comunes los relatos de secuestros de solicitantes de asilo antes o después de ser regresados a territorio mexicano.

    Algunas personas incluso han sido secuestradas al salir de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación que dirige Olga Sánchez Cordero, responsable de la política interior mexicana.

    La conclusión de los autores de la investigación es que "el Estado mexicano ha sido omiso ante las denuncias de los crímenes que vive esta población".

    Etiquetas:
    migrantes, EEUU, México
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