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    Un nuevo round está pronto a resolverse en la pelea entre comunidades originarias mexicanas de la sierra norte de Puebla contra la minera canadiense Almaden Minerals: la aprobación o no, de su estudio de impacto ambiental para su mina Gorrión, en Ixtacamaxtitlán.

    La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la tierra, el agua y la vida, que nuclea a las comunidades que habitan en la cuenca del río Apulco, probó en la audiencia pública del proceso de aprobación del proyecto de explotación minera a cielo abierto, que éste consumirá el agua que hoy abastece a más de 120 comunidades rurales de la zona.

    Esa instancia que ocurrió casi un año atrás, el 25 de junio de 2019, enfrenta ahora su momento decisivo, ya que el Gobierno mexicano debe dar o no su autorización al proyecto por medio de la Manifestación de impacto ambiental, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

    La autoridad ambiental deberá emitir su resolutivo en el Procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) del llamado Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca, presentado por la empresa canadiense.

    Los ocho puntos en contra del proyecto

    Tras un análisis comunitario que duró siete años por parte de la Unión de ejidos y comunidades, han resumido en ocho puntos críticos el motivo de su rechazo a una nueva explotación minera en la zona.

    1. El tipo de explotación minera a cielo abierto provocará un tajo o cráter de aproximadamente mil metros de diámetro y ocasionará "la reconfiguración total del territorio con daños irreversibles al medio ambiente y la vida comunitaria", apuntan las comunidades y reconocido por la propia minera: sus efectos son "irreversibles".
    2. La empresa no logra sustentar teóricamente la viabilidad de su operación con un uso exclusivo del agua que viene de la lluvia, ni tampoco ha señalado claramente el impacto que puede causar su intención de tomar el agua que escurre de la parte superior de la cuenca, lo que para las comunidades supone "intervenir en la regulación de los flujos hidrológicos" que modificará el equilibrio del río Tecolutla y con él, la estabilidad de la cuenta hidrológica que conforman los ríos Tuxpan y Nautla, prioritaria en la zona.
    3. El impacto de la explotación proyectada para Ixtacamaxtitlán se extiende más allá de este sitio, por lo que las comunidades denuncian que el daño será irreversible en "el sistema hidrológico, la biodiversidad y la vocación de uso del suelo" de toda la región serrana.
    4. El impacto que producirá la explotación de Minera Gorrión es incompatible con las políticas de restauración, preservación y aprovechamiento sustentables que se llevan a cabo en las Unidades biofísicas ambientales que forman parte del Programa de ordenamiento ecológico general del territorio, una contradicción con la política local gubernamental, que no ha sido parte del análisis en la manifestación de impacto ambiental.
    5. Las comunidades señalan que en su solicitud de permiso, la Minera "minusvalora la región", su biodiversidad y el aporte que han hecho los pueblos locales, indígenas y campesinos, a la seguridad y soberanía alimentaria, como al cuidado del ambiente. Dicen que la empresa no valora de manera cabal cuánto su explotación va a interrumpir las formas propias de la vida campesina en la región.
    6. En su manifestación de impacto ambiental, la empresa no considera a la vegetación secundaria de la zona, particularmente al "bosque de táscate" (enebro) que presta un servicio ambiental clave en la región y cuya destrucción no está contempla en el análisis de impacto, particularmente su efecto en el cambio climático. Tampoco toma en cuenta los cambios de uso de suelo que la minera provocará en territorios destinados hoy a la producción agrícola.
    7. Las comunidades denuncian que la minera Gorrión falsea información en el documento que presentó al Gobierno para que valore sus impactos, al informar que ninguna de las especies de la fauna que se verán afectadas son endémicas de la región, algo que las comunidades acusan como falso.
    8. Que existe un amparo judicial vigente en defensa del derecho a la tierra y el territorio sobre las concesiones denominadas Cerro Grande y Cerro Grande 2, involucradas en la Manifestación de impacto ambiental.
    "Sustentamos la inviabilidad del proyecto por las graves e irreversibles consecuencias que tendría", señalaron a Sputnik desde la organización.

    Por estos argumentos, las comunidades exigen a la Secretaría de Medio Ambiente negar el permiso a la minera Gorrión para explotar su proyecto Ixtaca, porque "la mina es incompatible con nuestro derecho a un ambiente sano y nuestro derecho a escoger el futuro que queremos", apuntaron desde la Unión de ejidos.

    "En sus manos está detener la devastación ambiental en nuestro país", exigen los pueblos originarios a la autoridad ambiental.

    Etiquetas:
    medioambiente, minería, México
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